Entender la Abogacía y Conocer a nuestros Clientes, nos hace ser un Despacho Diferente

“Te escuchamos, te comprendemos

Contar con sólida formación y acreditada experiencia, prestar nuestros servicios con dedicación y honestidad, nos permite conectar con nuestros clientes desde el primer momento, conocerlos a fondo, y poder identificar, a tiempo, cuáles son sus necesidades reales, y la problemática actual y futura a la que se enfrentan.

Dialogamos en tu mismo idioma”

El análisis pormenorizado cada situación y nuestro trato individualizado, nos permite plantear, con claridad, el estado de las cosas, facilitando información accesible y constante, anticipando situaciones y ofreciendo soluciones eficaces, mediante la definición de la estrategia más adecuada y que mejor se adapte al perfil de cada uno de nuestros clientes y a su casuística, que es plural y diversa.

Pasamos a la acción, ofrecemos soluciones reales y eficaces”

Actuar de un modo consciente y coordinado, otorgando una posición prioritaria a la mediación, reconociendo el papel destacado que ocupa en la solución de conflictos, nos permite ofrecer las soluciones más eficaces a corto y largo plazo; pero también enfrentar las situaciones litigiosas y adversas que afrentan a nuestros clientes, acompañándolos en sus procesos, con planteamientos razonados y seguros, liderándolos con solvencia y con la mejor perspectiva.

Áreas de práctica

Mercantil

Nuestro amplio conocimiento de la empresa, de su funcionamiento, así como de los diferentes contextos normativos que le afectan, nos permite acompañarte en la creación y puesta en marcha de tu propia sociedad, como instrumento jurídico a través del cual desarrollar tus inquietudes empresariales, orientarte en las decisiones cruciales para su consolidación, prestarte apoyo jurídico constante en su crecimiento y/o en su reestructuración, facilitándote para ello un asesoramiento global en todos los aspectos de la vida societaria, así como de sus socios y administradores.

Concursal

Nuestro equipo de Administradores Concursales, Abogados y Economistas, te facilitarán todo el asesoramiento que precisas ante las situaciones de insolvencia societaria que sufra tu empresa, buscando soluciones pragmáticas y eficaces, planificando la reestructuración de tu mercantil, y planteando y ejecutando, en su caso, los escenarios preconcursales y concursales necesarios para abordar las situaciones de crisis, focalizando prioritariamente en hacer que tu negocio sigua siendo sostenible.

Con la Ley 25/2015 de 28 de julio, nace el mecanismo de la segunda oportunidad pensando en las personas físicas. A través de este proceso, te ayudaremos a configurar un sistema de reestructuración financiera que te permite una salida ordenada ante las situaciones más graves de insolvencia, procurándote un nuevo comienzo a través del perdón legal, total o parcial, de tu deuda, cuando no te sea posible hacer frente a su pago.

Civil

El derecho civil, representa la más amplia de las ramas de nuestro ordenamiento jurídico. Obligaciones y contratos, derechos reales y de la persona, daños y vicios constructivos, responsabilidad civil y negligencia médica, consumidores y usuarios, derecho bancario e hipotecario, son algunas de las muchas materias que aglutina, y en las que te ofrecemos nuestro asesoramiento y nuestra experiencia profesional.

Implicados en un trabajo exigente, desplegado de manera eficaz, en aras a alcanzar el objetivo perseguido, afrontamos nuestro servicio de asesoramiento e intervención procesal en esta área, desde una praxis cercana, fresca y adaptada a nuestro tiempo.

Familia y Sucesiones

Siendo conscientes de la trascendencia de las decisiones y soluciones que se adopten en estos procesos, que afectan al ámbito más íntimo de la persona, otorgamos un papel destacado a la mediación como medio para alcanzar un acuerdo satisfactorio entre las partes, pensando siempre en el beneficio de los menores y de las personas vulnerables, cuyo supremo interés, es el objeto de tutela de estos procedimientos.

Desde un trato cercano y personalizado, te acompañaremos en tu proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, así como en las rupturas de pareja de hecho o situaciones asimiladas y en las modificaciones de las medidas ya adoptadas. Te ayudaremos a planificar tu sucesión, gestionar los procesos hereditarios, a solicitar alimentos o el establecimiento de medidas de apoyo en caso de discapacidad.

Penal y Corporate-Compliance

Diseñamos estrategias efectivas en aras a prevenir delitos y defendemos los intereses de nuestros clientes, empresas y particulares, en todo el ámbito penal, desde sus distintas perspectivas.

El cliente es el verdadero protagonista de su acción, y en el marco de la relación de confianza que forjamos desde el primer momento, le procuramos, durante el transcurso de su proceso, un servicio eficiente y de alta calidad, donde la perseverancia, la lealtad y la trasparencia, nos permiten ofrecer las mejores soluciones y obtener los mejores resultados.

Contamos con amplia experiencia en la implantación de Programas de Prevención de Delitos en empresas, así como en la readaptación y actualización de las medidas implementadas, tendentes a evitar la responsabilidad de tu empresa en el ámbito penal.

Contencioso-administrativa y Laboral

Facilitamos asesoramiento y apoyo a ciudadanos y empresas en sus relaciones con la Administración Pública y en la resolución de controversias que al respecto puedan derivarse. Litigación administrativa y contencioso administrativa en materias de responsabilidad patrimonial de la administración, contratación pública, potestad sancionadora y disciplinaria de la administración, expropiaciones, medio ambiente, minas, consumo, energía y resto de materias, en el ámbito del sector público, en los que el particular o empresario pueda verse afectado.

Gestión y asesoramiento laboral recurrente para empresas y particulares tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial.

Asesoramiento Fiscal y Tributario

Nuestro asesoramiento comprende, desde la elaboración y presentación de los correspondientes modelos tributarios, pasando por la llevanza de todo tipo de procedimientos tributarios (comprobaciones limitadas, de valores, derivaciones de responsabilidad, sanciones tributarias, entre otras), tanto en gestión/recaudación, como en fase económico-administrativa, hasta la planificación fiscal y reestructuración empresarial para hacer más eficiente la fiscalidad de su compañía.

También somos expertos en la gestión de patrimonios y búsqueda de soluciones que permitan optimizar tu tributación.

¿Ha dejado de ser la víctima la gran olvidada en nuestro ordenamiento jurídico?

Siempre he mantenido, y creo que es una opinión muy compartida, que la víctima ha venido siendo la gran olvidada en nuestro ordenamiento jurídico, sin circunscribirme, únicamente, al marco del derecho penal.

En un sistema procesal tan garantista como el nuestro, sobran ejemplos que ponen de manifiesto el desequilibrio que se produce entre el agraviado, ofendido, dañado o perjudicado por una determinada situación y la persona que provoca o causa el hecho u omisión del que deriva ese daño o perjuicio; y ese desequilibrio genera a la víctima en particular, y a la sociedad o a la opinión pública en general, una situación de perplejidad, indignación, frustración y, a la postre, de desconfianza en nuestras instituciones, fundamentalmente, en nuestra administración de justicia.

A finales del mes de octubre de 2015 entró en vigor el Estatuto de La Víctima del Delito que, trasponiendo determinadas Directivas dictadas por la Unión Europea, pretende corregir, en el ámbito de víctimas de delitos, ese desequilibrio y desprotección y complementar la normativa que ya amparaba a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, los menores, las víctimas de violencia de género y las víctimas de terrorismo.

El título preliminar del Estatuto determina el concepto de víctima restringiéndola a personas físicas, por tanto, excluyendo colectividades de cualquier tipo, e introduce el concepto de víctima indirecta, extendiendo, en este caso, la condición de víctima a los familiares (descendientes, ascendientes, cónyuge o persona unida por análoga relación) exclusivamente para los casos de muerte o desaparición de personas causadas por un delito y salvo que quienes pudieran ser víctimas indirectas fueran los autores del citado delito.

El título primero de la norma regula los derechos básicos de las víctimas, derechos que son procesales y extraprocesales, que están dirigidos a la protección y apoyo de la víctima y a procurarle una asistencia en el procedimiento penal, se muestren parte en este o no. Estos derechos incluyen el derecho a entender y a ser entendido, atendiendo a las necesidades, capacidades y estado de la víctima, a procurarle traducción e interpretación, a informarla sobre el curso del procedimiento que se derive del hecho que la ha convertido en víctima, con notificación de las resoluciones de más trascendencia que sean dictadas en dicho procedimiento.

El título segundo del Estatuto regula la participación de la víctima en el proceso penal derivado del hecho delictivo cometido, reiterando la necesidad de notificar las resoluciones de mayor relevancia y dando especial protagonismo e intervención a la víctima en la fase de la ejecución de la Sentencia dictada.

En el título tercero de la disposición se establecen los medios de protección a la víctima para garantizar su integridad física y psíquica y la de sus familiares, su libertad, seguridad e intimidad y ello tanto durante la investigación e instrucción de la causa, como en el acto de juicio que pueda celebrarse, buscando preservar a la víctima de todo contacto con la persona acusada del delito causante.

Por último, el título cuarto de la ley establece la creación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas, cuyo funcionamiento se determinará reglamentariamente y que será la encargada de apoyar, informar y asesorar a las víctimas de delitos. Este título, además, determina la necesidad de formación del personal adscrito al poder judicial, y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en materia de protección a las víctimas e implanta la necesidad de fomentar la cooperación institucional nacional e internacional en aras de buscar la sensibilización social a favor de las víctimas.

Hasta aquí he hecho un somero resumen del Estatuto, pero hay determinados preceptos o aspectos del mismo que merecen un comentario aparte, así:

1º.- Se define como víctima indirecta a los familiares de muertos o desaparecidos como consecuencia de un delito. ¿No deberían tener también el mismo tratamiento los grandes lesionados? Pensemos, por poner un ejemplo, en los familiares de una víctima de un delito contra la seguridad vial que queda con graves secuelas que le imposibilitan para cualquier actividad cotidiana.

2º.- El artículo 8 pone, en cierta manera, coto a los “abogados caza pleitos” al castigar con responsabilidad disciplinaria, como infracción muy grave, a los abogados o procuradores que se dirigieran a las víctimas directas o indirectas de grandes calamidades procedentes de delito en los 45 días posteriores al hecho originador.

3º.- Se restringe y limita la publicidad de los actos procesales para proteger la intimidad e integridad de la víctima.

4º.- Se introduce la posibilidad de mediación como servicio de justicia restaurativa, siempre que el infractor haya reconocido el hecho delictivo, satisfaga material y moralmente a la víctima, infractor y víctima presten su consentimiento, no se ponga en riesgo a la víctima y no esté prohibido por ley para el delito cometido.

5º.- El artículo 35 establece la obligación de reembolsar todas las ayudas recibidas y todos los gastos causados a la Administración, incrementados en el interés legal del dinero más un cincuenta por ciento, a los condenados por denuncia falsa o simulación de delito.

6º.- La ley posibilita que los servicios que hayan de dar las Oficinas de Asistencia a las Víctimas sean prestados por entidades privadas sin ánimo de lucro.

Este es el contenido, a grandes rasgos, del Estatuto de La Víctima del Delito promulgado. Supone, a pesar de las observaciones que puedan hacerse, un notable avance en la protección de las víctimas por delitos. Las medidas adoptadas son, a mi juicio, de sentido común, para amparar a quien se ha visto afectado por la comisión de un hecho delictivo y llama la atención que no se han adoptado hasta que no se han tenido que aplicar las directivas comunitarias ya existentes. Ahora, para ver si ese Estatuto no queda en buenas intenciones, habrá que esperar a su desarrollo reglamentario, a la creación e implantación de esas Oficinas de Asistencias a las Víctimas y a la efectiva sensibilización de los agentes jurídicos y sociales implicados en el tema.

Tilo Ávilez López

Una estrategia sólida y claridad en su planteamiento.

Laura Páez

Persistencia y dedicación en la búsqueda de la mejor solución.

Juan Antonio Luque Maza

Nuestra experiencia y especialización para solventar cualquier cuestión que se nos plantea.

Isabel Díaz Medina

Trato personalizado y empático, un servicio de calidad.

Alejandro Aguado

Serenidad en los momentos cruciales, acompañamiento y apoyo constante.