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¡SE NOTA, SE SIENTE, EL INDULTO ESTÁ “CADA VEZ”…

¿MÁS PRESENTE…?

Nuestro compañero Juan nos ofrece su opinión sobre el indulto, esa prerrogativa del Gobierno que en estos días está tan de actualidad.

El indulto: ¿mecanismo para restablecer la justicia material o quiebra del Estado de Derecho?

El indulto es una medida de gracia, adoptada por el poder ejecutivo, por la que se perdona o exime a un condenado por sentencia firme en causa penal, del cumplimiento total o parcial de la pena que se le ha impuesto.

El indulto, en nuestra legislación, está regulado en la Ley, de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto que, en su día, fue promulgada por el que entonces se denominaba “Ministerio de Gracia y Justicia”.

Examinando, someramente, la norma que lo regula, vemos que:

  • El indulto puede ser total o parcial, dependiendo de si se redimen todas o parte de las penas impuestas al condenado.
  • Incluye, salvo que la disposición que lo conceda especifique lo contrario, a las penas principales y a las accesorias.
  • No afecta y, por tanto, no exime, del pago de la responsabilidad civil derivada del delito objeto de condena, ni de las costas procesales generadas.
  • Puede solicitarlo el penado, sus parientes, cualquier persona en su nombre, el Tribunal sentenciador, el Ministerio Fiscal o el Tribunal Supremo, mediante solicitud, carente de formalismos, dirigida al Ministerio de Justicia.
  • Y, tras su tramitación, y previos informes de, entre otros, el Tribunal que condenó al penado, si se concede, se hace mediante Real Decreto que se publica en el B.O.E.

La razón de ser que justifica la existencia de esta institución es, según la exposición de motivos de la Ley que la regula, evitar “las consecuencias siempre lamentables de la inflexibilidad de la sentencia ejecutoria que por mil variadas causas conviene, en ciertos y determinados casos, suavizar, a fin de que la equidad, que se inspira en la prudencia, no choque nunca con el rigor característico de la justicia”.

La publicación de este artículo viene, obviamente, motivada por la polémica política y social suscitada como consecuencia de la posible concesión de indulto a las personas que fueron condenadas por la Sentencia del denominado “procés” y, en este sentido, cobra especial relevancia, por los efectos colaterales que tendría la hipotética concesión de ese indulto, el contenido de los párrafos de la exposición de motivos que transcribo, que tienen su reflejo normativo en los artículos 2 y 3 de la Ley reguladora:

“Se divide el proyecto en tres capítulos. En el primero se declara quienes pueden obtener la gracia de indulto, quedando de ella excluidos los que no hayan sido aún condenados por sentencia firme (…) Los que se hallen en rebeldía (…)

 Los reos de los delitos de sedición y rebelión podrán, no obstante, ser indultados, aunque se hallaren en estas circunstancias”

El indulto, por tanto, según refleja su texto regulador, trata de reparar aquellos casos en los que, aplicando la Ley, se alcanza un resultado que, en equidad, y a la vista y criterio de quien adopta esa medida (el poder ejecutivo), resulta injusto.

Entiendo que esta institución es una rémora del absolutismo monárquico, quiebra la división de poderes del estado de derecho -pues hace que una decisión del poder ejecutivo corrija, o deje sin efecto, una decisión firme que, con todas las garantías, ha adoptado un órgano judicial- y, esgrimiendo la bandera de la equidad, pasa por encima del principio de legalidad de los delitos y las penas y vulnera el principio de igualdad.

Además, la institución del indulto, tal y como está configurada, genera polémica y desconfianza en la opinión pública, pues se percibe como un mecanismo utilizado por el ejecutivo de turno, en base a razones de conveniencia política, y sobre el que siempre planea la sospecha de la corrupción o el favoritismo en su concesión.

Pero es que si, además, esos indultos se conceden en contra del criterio del órgano sentenciador que, al respecto, emite su preceptivo informe (artículos 22 a 26 de la Ley) ¿podría llegar a calificarse como manifiestamente injusta la resolución que concede el indulto que se dicta para evitar “las consecuencias siempre lamentables de la inflexibilidad de la sentencia ejecutoria”?

La existencia, el uso y, sobre todo, el abuso de esta institución lleva a pensar que ni existe realmente la división de poderes y que el poder judicial, por muy independiente que pretendamos que sea, termina estando sometido al ejecutivo que “graciosa-caprichosa o ¿arbitrariamente?” modifica y deja sin efecto una Sentencia firme que ha sido dictada en un proceso judicial desarrollado con todas las garantías constitucionales y legales que protegen a todas las partes de dicho proceso.

Es innegable que, en contadas ocasiones, la ejecución de una sentencia condenatoria dictada puede desembocar en una situación que resulte injusta pero, si el mecanismo para corregir esa injusticia se deja en manos solamente de un poder ejecutivo que puede, o no, corregir esa situación, sin fundamentar suficientemente los motivos de esa corrección, probablemente estaremos dando la apariencia de que los pilares de nuestro Estado de Derecho no sustentan igual a unos y a otros.

Quedamos a la espera de acontecimientos, y por supuesto, ¡se aceptan apuestas!.

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