Los menores tienen derecho a ser oídos. ¿Es vinculante su opinión?

En estos últimos días, los noticiarios de todo el mundo se hacían eco de una inusual noticia llegada desde el Reino Unido. Una niña de 14 años, enferma terminal de un extraño tipo de cáncer, llevaba a los Tribunales su deseo de ser criogenizada tras su inevitable fallecimiento con la esperanza, según ha trascendido, de ser curada y despertar en un futuro que, hoy por hoy, queda muy lejano.

La niña apeló a los Tribunales para que se pronunciara sobre su deseo ante la divergencia de criterio de sus progenitores, resolviéndose en este caso -y así se le hizo saber a la menor antes de su trágico fallecimiento- que, tal y como había pedido, sería criogenizada en espera de que la ciencia consiguiera revivirla. En este caso la menor ejercitó su derecho a ser escuchada y el Tribunal resolvió tomando en consideración su opinión libremente manifestada.

Que los menores deben ser necesariamente escuchados en aquellos asuntos que sean de su interés, y especialmente en los procesos judiciales, es un derecho reconocido por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en 1990.

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho del menor a ser oído, está expresamente regulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de Protección del Menor, que junto con el artículo 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refrendan el derecho de los menores que tengan suficiente “madurez” a ser oídos, y esto será así en todo caso si tienen más de doce años, derecho que venía ya respaldado por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional en relación con el artículo 24 de la C.E., que establecía que “el niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho a ser oído en el procedimiento judicial o administrativo que le afecte, y ello es así especialmente en los procesos que versen sobre la adopción o modificación de medidas relativas a su guarda y custodia”.

Ahora bien, este derecho de los menores a ser oídos en exploración judicial y a que su opinión sea valorada y tenida en cuenta, no implica un derecho a decidir de estos, especialmente cuando su deseo es contrario al supremo interés del menor, o puede estar condicionado por algún progenitor, pues la decisión de los menores “no es vinculante”. 

Por lo que respecta a la consideración dada a este derecho por nuestros Tribunales, cabe destacar la sentencia del Tribunal Supremo 52/16, dictada por la Sala Primera en el recurso 891/15, con fecha 11 de febrero de 2016, que resuelve que deberá tenerse en cuenta el deseo manifestado por los menores y que su opinión será relevante cuando conste que no va a tener ningún efecto negativo sobre los mismos, y por tanto, a sensu contrario, podemos afirmar que “no deberá tenerse en cuenta su opinión cuando conste que la misma tendrá un efecto perjudicial en el niño”.

Especialmente reseñable es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2/14 de 9 de enero, de la Sala Civil y Penal, en el recurso 95/2013, pues la misma, con fundamento en la normativa anteriormente citada y en el artículo 233-11.1 del Código Civil de Cataluña (artículo que recoge los criterios jurisprudenciales en lo referente al establecimiento de la guarda y custodia compartida, y que fija, en su letra e), “la opinión expresada por los hijos” como uno de los criterios a tener en cuenta), viene a resolver que el derecho del menor a ser escuchado antes de tomar una decisión que le pueda afectar no significa, sin embargo, que su opinión o voluntad hayan de ser determinantes en la resolución que se adopte, ya que en otro caso, y en palabras del Tribunal, “se incurriría en el riesgo de convertir a los menores en sujetos y en objetos de la disputa de sus padres”. 

Por ello, refiere la sentencia, los Tribunales deberán valorar el contenido de la audiencia del menor conjuntamente con otros factores, ya que, en ocasiones, la voluntad que expresan, no coincide con su voluntad real ni tampoco con lo que les resulta más beneficioso.

A mi parecer, la aportación más importante de esta sentencia, y de ahí su interés, es que la misma, previa la premisa de que “no cabe desconocer los deseos de los menores cuando tienen suficiente juicio”, fije unos requisitos necesarios para que sus deseos puedan ser atendidos, siendo estos los siguientes: 

  1. “Que su opinión sea libremente emitida y su voluntad correctamente formada no mediatizada o interferida por la conducta o influencia de alguno de los padres. 
  2. Que sus razones sean atendibles por no venir inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo.
  3. Que no venga desaconsejada por la especial incidencia de otros criterios con los cuales, según la norma, debe ser ponderada conjuntamente la opinión de los menores”. 

En consecuencia con lo expuesto, es claro que los menores tienen derecho y deben ser oídos, siendo este derecho de audiencia uno de los criterios para valorar su supremo interés -especialmente en asuntos en los que se debate sobre su custodia- lo que no significa que dicha opinión sea vinculante ni que este derecho a ser oído pueda ser entendido como un derecho de los menores a decidir por sí mismos, pues no siempre sus decisiones manifiestan un deseo libre o beneficioso para los mismos.

Por ello, los jueces y tribunales deberán explorar a los menores y deberán valorar sus testimonios, pero no deberán acceder a aquello que estos plantean si queda acreditado que no beneficia a su supremo interés, ya que “su opinión no es vinculante”.

Isabel Diaz Medina Isabel Diaz Medina (4 Posts)


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