¿He sido víctima del cártel de fabricantes de camiones multado por la UE?

El pasado 19 de julio de 2.016, conocíamos cómo la Comisión Europea imponía una multa récord de casi 3.000 millones a los cinco grandes del sector del transporte por prácticas anticompetitivas como consecuencia de los pactos establecidos por estas compañías sobre cuándo y cómo cumplir con los estándares de emisiones. Esta decisión, como era de esperar, ha abierto la puerta a que los compradores damnificados por daños y perjuicios puedan instar la correspondiente reclamación.

Lo primero de lo que tenemos que hablar es sobre los efectos de la DIRECTIVA 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de los Estados miembros y de la Unión Europea, más comúnmente conocida como Directiva de daños. Por suerte o por desgracia, según se mire, la falta de formación de Gobierno ha tenido como consecuencia que se incumpla el plazo de transposición de la citada directiva (27/12/2006). Habida cuenta de ello, la Directiva de daños podría invocarse directamente, en virtud de la jurisprudencia de los tribunales comunitarios, entre otras, la STJCE de 2 de diciembre de 1997 (Asunto Fanstak) ya que se cumplen los dos criterios marcados por la misma: en primer lugar, que la norma invocada no esté sujeta a condición alguna y, en segundo lugar, que sea lo suficientemente precisa que permita la invocación ante el juzgado nacional.

Con base en ello, desde Torres Abogados queremos explicar con claridad qué, cuánto y cómo se puede reclamar para animar a nuestros lectores a plantearnos sus dudas y ofrecerles un servicio

  1. ¿Quiénes pueden reclamar y a quién?

De acuerdo con las investigaciones de las instituciones europeas, podrán reclamar aquellos profesionales del transporte o empresas transportistas que hubiesen adquirido sus vehículos en el periodo comprendido entre 1997 y 2011; ya que es el lapso de tiempo que la Comisión Europea ha podido demostrar de la realización de esta práctica que ha originado dicha sanción -para muchos, sanción récord-. En segundo lugar, los camiones afectados son los medianos (peso entre 6 y 16 toneladas) y pesados (peso superior a 16 toneladas).

En relación a los vehículos objeto de reclamación, no es necesario que sigan siendo de titularidad del reclamante, es decir, que dichos vehículos pueden haber sido dados de baja o transferidos a un tercero, etc. Lo único necesario es que hubiera sido adquirido en su día por el reclamante, sea cual sea la situación actual del camión.

En resumidas cuentas, cualquier comprador o tomador de leasing que hubiera adquirido un camión medio o pesado entre 1997 y 2011 y que aún conserve pruebas de ello, tales como, por ejemplo, la factura de adquisición en caso de compra o póliza con la entidad financiera en caso de arrendamiento financiero (leasing), de cada vehículo objeto de reclamación, (permiso de circulación de cada vehículo objeto de reclamación, o autorización de transporte de empresa del reclamante (MDLE si es ligero, MDPE si es pesado o MPC si es privado complementario).

Estas reclamaciones podrán interponerse frente a los cinco grandes del sector: Iveco, DAF, Volvo-Renault, Daimler y MAN, indistintamente contra cualquiera de ellas, en virtud del artículo 11 de la Directiva de daños. SCANIA, es la única empresa que a fecha de hoy no ha reconocido su participación en los hechos por lo que sigue siendo objeto de investigación, siendo previsible que también sea sancionada.

La Comisión Europea calcula que el volumen del camiones afectados es de alrededor de 10 millones de camiones dentro de la Unión Europea y unos 200.000 en España en ese período de tiempo y de esas marcas.

  1. ¿Qué se puede reclamar?

Esta cuestión, algo más compleja, tiene su origen en las prácticas que han vulnerado el derecho de la competencia de la UE. De acuerdo con el comunicado oficial que facilitó en su momento la UE se ha demostrado y aceptado por las empresas implicadas que existió una coordinación de precios, una coordinación relación al momento en que introducir mejoras tecnológicas en materia de emisiones y un pacto de repercusión a los clientes de los costes de dichas tecnologías.

Muy importante resulta el artículo 17.2 de la Directiva de daños, pues en el caso de los daños derivados por cartel, se contempla la presunción iuris tantum de existencia de perjuicio, recayendo del lado de los infractores, en su caso, demostrar lo contrario.

  1. ¿Cuánto podría reclamarse?

Siempre siendo prudente y teniendo en cuenta que cada reclamación depende del caso a caso, si, según las estadísticas relativas a colusorios, el sobrecoste fluctúa entre un 15% – 20%, el sobrecoste que podría haber soportado, por poner un ejemplo, quien hubiese adquirido un camión en 2005 por un valor de unos 80.000 euros podría rondar los 12.000 € sin I.V.A. ni intereses de demora. A esto habría que sumarle el coste de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes sobre los que se ha demostrado que los fabricantes hicieron un passing-on (repercusión de sobrecostes, como la define la Directiva de daños en su artículo 13).

  1. ¿Cuánto plazo tengo?

Precisamente, aunque el sistema español de responsabilidad extracontractual prescribe un plazo de un año, lo cierto es que, el artículo 10 en relación a los plazos establece en su apartado 3 que «los Estados miembros velarán por que el plazo para el ejercicio de una acción por daños sea al menos de 5 años». En resumidas cuentas, se dispone de un plazo más que suficiente para entablar la correspondiente acción ya que, frente a una norma nacional, siempre es de aplicación preferente el derecho de la Unión Europea.

Resulta interesante tener presente el apartado 2 del artículo 10 que establece como diez a quo el día en que se tuviera conocimiento o se hubiera podido tener conocimiento de o, bien en primer lugar, que la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia; o, bien en segundo lugar, que la infracción del Derecho de la competencia hubiera ocasionado un perjuicio o, bien en tercer lugar, de la identidad del infractor. Cualquiera de estas circunstancias fue efectivamente conocida con la publicación en prensa -todavía estamos pendientes del texto íntegro de la Decisión en el DOUE- de la decisión adoptada por la Comisión Europea. A fecha de hoy, por tanto, aún quedarían 4 años para poder reclamar la misma.

José Francisco Grech Mudarra José Francisco Grech Mudarra (4 Posts)


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