El indulto, ¿mecanismo para restablecer la justicia material o quiebra del estado de derecho?

El indulto es una medida de gracia, adoptada por el poder ejecutivo, por la que se perdona o exime a un condenado por sentencia firme en causa penal, del cumplimiento total o parcial de la pena que se le ha impuesto.

El indulto, en nuestra legislación, está regulado en la Ley, de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto que, en su día, fue promulgada por el que entonces se denominaba “Ministerio de Gracia y Justicia”, denominación que, en mi opinión, entraña ya una cierta contradicción en si misma.

Examinando, someramente, la norma que lo regula, vemos que:

  • El indulto puede ser total o parcial, dependiendo de si se redimen todas o parte de las penas impuestas al condenado.
  • Incluye, salvo que la disposición que lo conceda especifique lo contrario, a las penas principales y a las accesorias.
  • No afecta y, por tanto, no exime, del pago de la responsabilidad civil derivada del delito objeto de condena, ni de las costas procesales generadas.
  • Puede solicitarlo el penado, sus parientes, cualquier persona en su nombre, el Tribunal sentenciador, el Ministerio Fiscal o el Tribunal Supremo, mediante solicitud, carente de formalismos, dirigida al Ministerio de Justicia.
  • Y, tras su tramitación, y previos informes de, entre otros, el Tribunal que condenó al penado, si se concede, se hace mediante Real Decreto que se publica en el B.O.E.

La razón de ser que justifica la existencia de esta institución es, según la exposición de motivos de la Ley que la regula, evitar “las consecuencias siempre lamentables de la inflexibilidad de la sentencia ejecutoria que por mil variadas causas conviene, en ciertos y determinados casos, suavizar, a fin de que la equidad, que se inspira en la prudencia, no choque nunca con el rigor característico de la justicia”.

En definitiva, el indulto trata de solucionar aquellos casos en los que, aplicando la Ley, se alcanza un resultado que, en equidad, y a la vista y criterio de quien adopta esa medida, resulta injusto.

Sin embargo, entiendo que esta institución es una rémora del absolutismo monárquico, quiebra la división de poderes del estado de derecho -pues hace que una decisión del poder ejecutivo corrija, o deje sin efecto, una decisión firme que, con todas las garantías, ha adoptado un órgano judicial- y, esgrimiendo la bandera de la equidad, pasa por encima del principio de legalidad de los delitos y las penas y vulnera el principio de igualdad.

Además, la institución del indulto, tal y como está configurada, genera polémica y desconfianza en la opinión pública, pues se percibe como un mecanismo utilizado por el ejecutivo de turno, en base a razones de conveniencia política, y sobre el que siempre planea la sospecha de la corrupción o el favoritismo en su concesión.

Es más, si acudimos a la estadística, para ver qué penas se indultan más, podemos comprobar que, en número absolutos, las penas que más se redimen por esta vía son las relativas a delitos contra la salud pública y el patrimonio, pero, si ese número absoluto lo relativizamos y lo que tenemos en cuenta es la proporción de indultos concedidos respecto del número de delitos cometidos, podemos observar que, proporcionalmente, las penas cuyos delitos se indultan más son aquellas dictadas en sentencias condenatorias por delitos cometidos contra el medio ambiente (incluidos los delitos urbanísticos), los delitos de prevaricación, de malversación de fondos públicos y los delitos contra la libertad individual cometidos por funcionarios públicos.

Pero es que si, además, leemos las fundamentaciones de los Reales Decretos por los que se conceden los indultos comprobamos que, sólo en algunos casos, y muy vagamente, se habla de “razones de justicia y equidad” y que ha habido años, como el año 2000, en el que se concedieron 1.744 indultos.

La existencia, el uso y, sobretodo, el abuso de esta institución lleva a pensar que ni existe realmente la división de poderes y que el poder judicial, por muy independiente que pretendamos que sea, termina estando sometido al ejecutivo que “caprichosamente” (pues no fundamenta de cara a la opinión pública la resolución adoptada) modifica y deja sin efecto una Sentencia firme que ha sido dictada en un proceso judicial desarrollado con todas las garantías constitucionales y legales que protegen a todas las partes de dicho proceso.

 Es innegable que, en contadas ocasiones, la ejecución de una sentencia condenatoria dictada puede desembocar en una situación que resulte injusta, pero si el mecanismo para corregir esa injusticia se deja en manos solamente de un poder ejecutivo que puede, o no, corregir esa situación, sin control de ningún otro poder del Estado y, lo que entiendo más importante aún, sin fundamentar públicamente los motivos de esa corrección, probablemente estaremos dando la apariencia de que los pilares de nuestro Estado de Derecho no sustentan igual a unos y a otros. Para corregir esa apariencia resultaría más que conveniente modificar una norma que, con casi ciento cincuenta años de antigüedad, sigue regulando una institución tan delicada y que, desde 1996, ha posibilitado la concesión de casi once mil indultos.

Juan Antonio Luque Maza Juan Antonio Luque Maza (6 Posts)


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