MEDIDAS CAUTELARES DE DESALOJO TRAS LA INSTRUCCIÓN 1/2020, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

El problema de la ocupación en España no es un hecho novedoso en nuestro país, sin embargo, parece que la situación ocasionada por el Covid-19 ha aumentado los casos de ocupación, que día tras día, podemos ver en las noticias a la hora del almuerzo pues la pandemia ha provocado que, sobre todo, durante el tiempo del confinamiento, muchas viviendas y segundas residencias hayan sido ocupadas.

Esta situación genera una gran inseguridad y crispación, que nos lleva a preguntarnos cómo es posible que sea tan complicado desalojar a unas personas que están ocupando una vivienda que no es de su propiedad, pues pareciera algo lógico y sencillo de deshacer.

Pues bien, en este artículo, trataremos de arrojar un poco más de luz sobre este asunto, así como facilitar el camino para aquellas personas que pudieran encontrarse en la complicada situación de tener su vivienda ocupada.

En primer lugar, es necesario acotar el marco de nuestro contexto. Nos estamos refiriendo a aquellas viviendas, ya sean primera o segunda residencia, aptas para ser habitadas, con mobiliario y servicios esenciales dados de alta (como luz, agua o gas), donde el individuo desarrolla su vida de forma permanente o transitoria.

Ante una ocupación ilegal en estos casos, una de las vías que se habilita es la denuncia por la vía del artículo 202 del Código Penal (allanamiento de morada), a través de la cual, se permite la adopción de una medida cautelar aprobada por el juez de instrucción consistente en el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales de la vivienda.

La Fiscalía General del Estado, publicó el pasado 22 de septiembre, una instrucción (Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre de 2020) para unificar criterios y actuar con la mayor urgencia posible en los casos de ocupación de inmuebles. En esta instrucción se recoge que la mejor vía a utilizar debe la de denunciar el allanamiento de morada, siempre y cuando la vivienda sea un lugar donde el dueño desarrollo su vida privada e íntima, si no habitualmente, con cierta frecuencia y nos ofrece algunas claves para tramitar esta solicitud con las mayores garantías posibles.

Así, y en primer lugar, debemos tener en cuenta que, en el momento de formular nuestra denuncia en sede policial, debemos procurar que el atestado incluya los documentos, declaraciones y cualesquiera otras fuentes de prueba que sirvan al efecto de determinar no solo el título acreditativo de la lesión del derecho invocado, sino también las circunstancias espacio-temporales en las que se haya producido la ocupación del inmueble, la identidad y número de los posibles autores si las conociéramos, su posible estructura organizativa, la finalidad perseguida con la ocupación y cualesquiera otras variables relevantes al fin de determinar la índole delictiva de la ocupación.

Asimismo, es de vital importancia dejar constancia expresa de nuestra voluntad de solicitar la medida cautelar de desalojo de los ocupantes del inmueble, siendo esta la medida con la que se pretende dar una rápida solución al asunto, y, a nuestro juicio, la medida más relevante de la instrucción.

Posteriormente, tras la remisión del atestado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al Ministerio Fiscal, y la citación ante la autoridad judicial de los ocupantes de la vivienda para que aporten título que legitimara su ocupación, si este existiera, el Ministerio Fiscal instará al Juez para que adopte la medida cautelar de desalojo de los ocupantes y la restitución del inmueble a sus poseedores. Será, por tanto, el juez quien decidirá en última instancia sobre dicha medida.

Si bien lo más efectivo y recomendable es realizar la petición de medida cautelar desde el momento inicial, en una denuncia correctamente formulada, pues es cuando más efectiva será, la instrucción prevé que si la solicitud de esta medida cautelar no figura en la denuncia ni tampoco ha sido solicitada por el Fiscal en esta primera instancia, la Fiscalía  podrá solicitarla en un momento posterior, esto es, durante la instrucción del delito de allanamiento de morada.

Con esta Instrucción de la Fiscalía General del Estado, se pretende lograr una mayor efectividad en la resolución de casos de ocupación ilegal de inmuebles, a través de lo que pareciera ser el camino para forzar a los jueces de instrucción a tomar decisiones sobre desalojos inmediatos de forma perentoria. Sin embargo, para que todas estas pautas y medidas prosperen, es inminente y necesaria la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la iniciativa del Ministerio Fiscal en la orden de desalojo.

Si tu vivienda ha sido ocupada, contacta con nosotros, en Torres Abogados te ofreceremos la mejor y más rápida solución.