Hace tres meses todo se detuvo. A nuestras vidas llegó ese terrible virus del que ya nadie hace chistes. Y casi sin preaviso vivimos como una pandemia mundial azotaba el mundo frustrando lo que entendíamos hasta ahora como vida normal. Una vida normal en la que quizás estabas ultimando los detalles para realizar un viaje, o incluso ya lo tuvieras todo organizado y sólo restase esperar impaciente la fecha para visitar tu destino favorito, París, o un destino soñado, Nueva York, o quizás tan sólo disfrutar del mítico viaje de fin de grado a Punta Cana.

Pero debido a la situación extraordinaria que hemos vivido, tuvimos que aparcar momentáneamente la visita a esos destinos. Y todo ello porque una situación de tal magnitud requería de todos nosotros la adopción de una serie de medidas que estuviesen a la altura que resultasen beneficiosas para el bien común mundial.

Así, el Gobierno español dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y vino a establecer medidas extraordinarias con el objetivo de contener el virus. De esta forma se estableció en el artículo 7 del referido Decreto 463/2020 la limitación de la libertad de circulación de las personas, lo que equivalió a que muchos de esos viajes soñados resultaron cancelados de inmediato o progresivamente conforme avanzaba implacable el COVID-19.

Si te has visto afectado por la cancelación de un vuelo o bien tú mismo has solicitado la cancelación del mismo has debido plantearte cuestiones, como: ¿qué ocurre con mi vuelo?, ¿qué alternativas y derechos me corresponden?, ¿podré reclamar a la Compañía Aérea?, ¿he perdido el dinero invertido?.

Para responder a estas cuestiones se plantean dos escenarios: bien que haya sido la Compañía Aérea quien ha cancelado el vuelo, o bien que haya sido el propio consumidor quien debido a la incertidumbre de las circunstancias haya procedido a cancelarlo.

En el primer caso, cuando es la Compañía Aérea quien cancela el vuelo, de conformidad con el Reglamento 261/2004, de 11 de febrero de 2004, la misma está obligada a ofrecer tres alternativas al pasajero: (i) el reembolso del billete; (ii) un transporte alternativo lo antes posible; (iii) un transporte alternativo en otra fecha que convenga al pasajero.

Las compañías que han cancelado vuelos durante el estado de alarma han debido notificarlo al pasajero afectado, ofreciéndole al mismo tiempo la opción al consumidor de escoger una de las tres opciones referidas.

Sin embargo, es posible que en el ofrecimiento de la compañía la misma haya obviado deliberadamente indicar alguna de las tres alternativas por lo que estaría infringiendo lo establecido en el Reglamento 261/2004 y tendrías derecho a interponer preceptiva reclamación frente a la misma.

Para el caso en que hayas optado por la opción del reembolso, debes saber que la compañía tiene la obligación de proceder al mismo en el plazo de 7 días. En caso de haberla recibido y no haber aún percibido el reembolso, tienes derecho a interponer preceptiva reclamación frente a la compañía, y en caso de ser desestimatoria, iniciar la vía judicial.

No obstante por la cancelación de vuelos debido a circunstancias extraordinarias inevitables, como lo son las derivadas del COVID-19, el pasajero afectado por la cancelación no tendrá derecho a percibir compensación económica de la compañía aérea, más allá de las alternativas que le son obligatorias.

Por otro lado, encontramos el escenario en que es el propio pasajero quien procede a solicitar la resolución del contrato con la compañía aérea respecto del viaje contratado. Lo cual no es descabellado, puesto que ante la situación de incertidumbre que vivimos es normal dudar acerca de la viabilidad de viajar a un destino extranjero.

El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, recoge en su artículo 36 los mecanismos para afrontar este segundo escenario otorgando a los consumidores un derecho de resolución de determinados contratos sin penalización.

Así, el mencionado artículo establece que los contratos de prestación de servicios contratados por consumidores -como lo es un contrato de transporte aéreo- que por motivos derivados de la COVID-19 resultasen de imposible cumplimiento, podrán resolverse en el plazo de 14 días.

Habiendo solicitado la resolución del contrato en el plazo mencionado, se abrirá entonces un período de 60 días en el que las partes negociarán una solución para la resolución que podrá consistir en el ofrecimiento de bonos o vales de vuelo, pero no en el reembolso. Para acceder a tal reembolso, deberá transcurrir el período de 60 días sin alcanzar acuerdo con la compañía respecto de las soluciones alternativas y entonces el consumidor podrá proceder a exigir el reembolso, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de14 días.

Al  igual que en el primer supuesto, en caso de no haber percibido el reembolso, tienes derecho a interponer preceptiva reclamación frente a la compañía, y en caso de ser desestimatoria, iniciar la vía judicial.

Como suele ocurrir en el mundo jurídico, cada caso tiene su particularidad y por tanto debe estudiarse con detenimiento, pero la intención final de este breve artículo no es otra sino la de aclarar al pasajero afectado las posibles vías que se le reconocen para el caso de haber visto afectado el viaje que tanto esperaba.

A todo ello, y para actuar con la mayor celeridad, se recomienda al cliente que proceda, antes de actuar en cualquiera de las vías que le corresponda, a recabar cuanta información documental disponga del viaje contratado, billetes de vuelo, correos electrónicos de la compañía aérea, incluso sms de la misma. Para así en el caso de que el cliente entienda necesario emprender acciones, actuar sin dilación alguna.

Si te encuentras en esta situación, contacta con nosotros y consúltanos tu asunto.

En Torres Abogados trabajamos en beneficio de los intereses