Son días difíciles los que atraviesa nuestro país por el desgraciadamente afamado Covid-19, extendiéndose dicha situación también a la economía nacional.

Ante estas duras circunstancias, se han establecido a través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ciertas medidas económicas que van encaminadas a reducir los nefastos efectos económicos que ha traído consigo esta pandemia y a los que, desgraciadamente, la mayor parte del tejido empresarial español deberá hacer frente.

Además de las medidas estrictamente económicas (concesión de avales y garantías públicas, aplazamiento de la deuda tributaria…) se establecen otras ventajas que, encontrándonos en situación de estado de alarma pueden ser beneficiosas.

Por ejemplo, se interrumpe el plazo de dos meses establecido en la Ley Concursal por el cual la empresa que se encuentre en estado de insolvencia no tenga la obligación y deber de instar la declaración del concurso de acreedores; o también, el deudor que hubiera comunicado la iniciación de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, así como tampoco se admitirán por los Jueces de lo mercantil solicitudes de concurso necesario hasta que no hayan trascurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma.

Sin embargo, dichas medidas, entre otras, únicamente se aplicaran mientras esté vigente el estado de alarma o bien, durante los dos meses siguientes desde la finalización del mismo, lo que nos lleva al siguiente interrogante: ¿Qué pasa después?

Ciertamente, se podrá dar el caso en el que no todas las empresas puedan salir de situaciones precarias, económicamente hablando, a pesar de las medidas establecidas desde el ejecutivo.

Por ello, es necesario recordar el sistema legal del que venimos disponiendo desde antes de la declaración del estado de alarma, y es el establecido en la Ley Concursal, pues no debemos olvidar que en dicho cuerpo legal se establecen herramientas suficientes que permiten a empresas en situación de insolvencia reestructurar su pasivo y así intentar evitar la quiebra.

Pues bien, a pesar de estar pendientes de la reforma concursal esperada para este año 2020, la actual Ley concursal recoge un mecanismo previo a la declaración del concurso que permite negociaciones con los acreedores o incluso un acuerdo de refinanciación de la deuda, lo que podrá suponer la subsistencia de la mercantil deudora. Hablamos del conocido “preconcurso” regulado en el artículo 5 bis de la Ley Concursal, que no es más que una alternativa o, más bien, un último cartucho del que disponen los deudores antes de
llevar la empresa a concurso de acreedores.

Con ello venimos a decir que es posible que una vez superado el estado de alarma haya empresas en las que el nivel de liquidez del que dispongan sea insuficiente para hacer frente a sus pagos corrientes, lo que impedirá su reflote económico. Sin embargo, esa situación no debe implicar necesariamente la declaración concursal de la deudora -lo que, a propósito, no tiene porqué acabar obligatoriamente en la liquidación de la mercantil, por lo que igualmente la empresa podría subsistir- si no que existen otros mecanismos alternativos y que, de ejecutarlos como es debido, permitirán el reflote de las empresas.

Por lo que no debe darnos miedo acudir a la Ley Concursal cuando se nos presente una situación de insolvencia, pues no hay que olvidar que la finalidad de dicho cuerpo legal, además de proteger a los acreedores, es la salvaguarda de las empresas siempre que sea posible, sin castigar al deudor, sino más bien resolviendo su situación y evitando igualmente la posible responsabilidad del administrador que es quien tiene la obligación de solicitar la declaración de concurso.

Así, dando respuesta al interrogante con el que iniciamos el presente artículo, SÍ puede haber calma después de la tempestad, pero para ello no hay que dejarse llevar por el pánico, debiendo actuar de inmediato ante situaciones de insolvencia, acudiendo a los profesionales e informándonos de los recursos jurídicos de los que disponemos.

Sandra García-Torres Pardo.