Decretado el estado de alarma, empiezan a surgir las primeras dudas sobre la aplicación práctica de las medidas que se han acordado.

La limitación del derecho fundamental a la libertad de circulación de personas, provoca situaciones problemáticas, afectando directamente al derecho de visitas entre padres e hijos, o incluso abuelos, nietos, y otras parientes o allegados, establecidos por resolución judicial.

Si la cuarentena impuesta implica que no se puede abandonar el domicilio familiar solo y exclusivamente para realizar aquellas gestiones expresamente amparadas por el Real Decreto 463/20 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, debemos acudir directamente a lo acordado en el mismo para tratar de dar respuesta a la cuestión planteada, y decimos intentar ya que, ni el Real Decreto es rotundo al respecto, ni, por ahora, existe un consenso sobre qué es lo que se debe hacer en estos casos, algo que, en última instancia, compete resolver a los Tribunales.

Esto es debido a lo absolutamente excepcional de la medida, provocada por una grave situación de emergencia sanitaria, social y económica, y a la ausencia de casos o situaciones asimilables con carácter previo.

El Real Decreto, refiere en su artículo 7, las medidas con las que se limita la libertad de circulación de personas, indicando que mientras el estado de alarma esté vigente, solo se podrá circular por las vías de uso público en una serie de casos, ente ellos para asistir a mayores, “menores”, dependientes, y personas con discapacidad o especialmente vulnerables, lo que se hace extensivo a situaciones análogas.

El régimen de visitas, y las estancias durante los periodos establecidos en las custodias compartidas, son, sin lugar a dudas, periodos de cuidado de los menores que cuentan con un respaldo judicial.

Según esto, cabría entender que los traslados necesarios para recoger y reintegrar a los menores y poder dar cumplimiento a las resoluciones que fijan visitas o custodias compartidas, no estarían limitados por la disposición normativa, que no impediría, a priori, que se llevaran a cabo las entregas y recogidas de menores y el cumplimiento de los regímenes acordados.

Pero, desafortunadamente, la respuesta no resulta tan sencilla y es susceptible de interpretaciones contrarias, que también encontrarían respaldo legal.

No podemos pasar por alto que el Real Decreto se dicta por razones alarma extrema, y con una vocación prioritaria de preservar la seguridad de toda la ciudadanía, por lo que siempre que se entienda que dichos regímenes pueden implicar un riesgo para la salud de los implicados, o para terceros, quedarían afectadas, y aquí es donde surgen los problemas.

Como veis, no es posible ni prudente ofrecer una solución única e inamovible, siendo preciso un análisis detallado de cada caso, e incluso de cada foro judicial, pues los pronunciamientos y acuerdos judiciales que se están produciendo no son unánimes, avalando unos el derecho, y negándolos otros, falta de consenso que se ha agravado por lo acordado en sesión extraordinaria por el órgano  de gobierno del Poder Judicial, ya que el Consejo General del Poder Judicial ha informado de que “corresponde al juez decidir en cada caso sobre la suspensión, alteración o modificación del régimen de custodia, visitas y estancia acordado en los procesos de familia, cuando el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, le afecte directamente”.

A la espera de que se pudiera dictar alguna norma más específica, o de que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse dando claridad a este controvertido aspecto, estas son las recomendaciones genéricas que entendemos que  mejor preservan el interés de los menores -interés que es, ha sido y será siempre el que toda norma pretende amparar y todo progenitor debe garantizar- y que también preservarían el de la salud de la ciudadanía.

Bajo nuestra consideración, en cualquiera de los casos en que existe una resolución judicial que cumplir, se debería poder continuar con los regímenes acordados siempre que se garantice la seguridad al hacer las entregas y recogidas y durante las estancias de los menores. Esto no siempre resultará sencillo.

Por el contrario, se deberían suspender si existieran dudas o sospechas al respecto, evitando en todo caso las situaciones de riesgo contenidas en la norma, y cumpliendo a la par con la obligación de tutela de los menores que tienen los progenitores.

Si no existe consenso entre las partes, o si se niega el derecho a disfrutar de las visitas y estancias con menores, y contamos con prueba sólida de que la negativa a la entrega es injustificada, podremos instar ante los Tribunales, a través del proceso de ejecución de nuestro título judicial, que se dé cumplimiento a las visitas, eso sí, asumiendo que no existe un criterio unánime en los Tribunales que resolverán la cuestión, y que el proceso no será todo lo ágil y rápido que debiera, ya que las actuaciones judiciales están paralizadas salvo para servicios esenciales, no entendiéndose por ahora urgente el proceso de ejecución.

Así, ante todas estas vicisitudes y dificultades, la recomendación más práctica, si se prevé que no será posible estar con los menores, ya sea por existencia de riesgo en el traslado o estancia, o por oposición de alguno de los progenitores, será que tratéis de arbitrar soluciones alternativas desde el consenso mutuo que permitan la comunicación con los mismos, tales como habilitar un espacio al día en el que podáis contactar con los menores vía telefónica, Skype, o cualquier otro medio de reproducción de la imagen que permita no interrumpir completamente el contacto con ellos –el derecho de comunicación no se ve en modo alguno afectado por el Real Decreto- o, incluso, que podáis acordar alguna medida que compense en algún modo el tiempo perdido de cara a un futuro, esperemos próximo, y que os recomendamos plasméis por escrito.

Recordar, por último, que en aquellos casos en los que existe una prohibición de comunicación con el otro progenitor, toda acción que se lleve a cabo deberá cumplir con la orden impuesta, pues en caso contrario estaríamos incurriendo en un delito de quebrantamiento, y si fuera preciso llevarlos a cabo a través del Punto de Encuentro, las mismas dependerán de las posibilidades que tengan en estos tiempos los mismos.

Por último, también se nos ha planteado por aquellos progenitores que han alcanzado acuerdos para dar continuidad con las visitas, su preocupación sobre si su decisión de desplazarse para hacer la entrega o recogida de sus hijos sería merecedora de algún tipo de sanción.

Nuestra consideración, insistimos, a la espera del consenso judicial o una mejor regulación normativa, sería que no procedería imponer sanción si los traslados para hacer las visitas y estancias efectivas, se realizan garantizando la seguridad de los menores y de la ciudadanía, lo que sucedería en casos de progenitores y menores que cumplen la cuarentena acordada, que no están expuestos a situaciones de riesgo, que no presentan  sintomatología, y que van a cumplir con las recomendaciones en el transporte de los hijos. Así, si finalmente la interpretación imperante acabara siendo contraria, se podría amparar la actuación en una interpretación de buena fe de lo previsto por el artículo 7 del Real Decreto, en el que se entendía amparada y justificada la acción, recurriendo la sanción impuesta.

Eso sí, durante esos traslados os recomendamos llevar encima una copia de vuestra sentencia judicial o convenio regulador debidamente homologado.

“Os animamos desde aquí a alcanzar acuerdos entre las partes que, a fin de cuentas, implican un ejercicio maduro y responsable de las relaciones familiares y de los que, sin duda, los grandes beneficiados son los menores y la seguridad de todos los ciudadanos. Si a pesar de todo no consigues solución, cuenta con nuestro equipo”.