Nuestra Constitución, en su artículo 116.2, prevé la posibilidad de que el Gobierno declare el estado de alarma ante alteraciones graves de la normalidad, tales como crisis sanitarias, dentro de las cuales se encuentran las epidemias como la que estamos sufriendo provocada por el Coronavirus.

El pasado 14 de marzo, y con carácter urgente, el Gobierno del España declaraba el estado de alarma en todo el territorio nacional, como respuesta a la grave situación de emergencia de salud pública por el COVID-19. Además anunciaba la aprobación en los próximos días de medidas económicas y de carácter social.   

La declaración de dicho estado se ha llevado a cabo a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por una duración de quince días naturales.

Para ello, el Gobierno concentra todas las competenticas necesarias para la lucha contra el virus, resolviendo el tratamiento diferenciado de las comunidades autónomas, cuyas disposiciones aprobadas hasta el momento continúan en vigor, salvo que resulten incompatibles con el RD.  

Dicho Real Decreto contiene una serie de medidas para la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, resultando estas las más relevantes:

  • La suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías (que prestarán su servicio a domicilio para personas vulnerables), prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías y de cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.
  • También queda suspendida la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio, como las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente en entrega a domicilio.
  • Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación, excepto las actividades educativas a distancia y on line, siempre que resulte posible.
  • Estas medidas incluyen una limitación del derecho fundamental a la libertad de circulación de las personas y solo se podrá circular por las vías de uso público para la realización de ciertas actividades, como la adquisición de productos de primera necesidad o desplazamiento al lugar de trabajo, medida que hoy nos ha dejado imágenes inusitadas, como sin duda lo es ver la Gran Vía de Madrid o de Granada vacías.
  • Asimismo, mediante el RD, se suspenden los plazos procesales de todos los órdenes jurisdiccionales y de los plazos del ámbito administrativo, así como la suspensión de plazos de caducidad y prescripción de todo tipo de acciones, durante el estado de alarma, salvo algunas excepciones tasadas como los procedimientos de habeas corpus o de conflicto colectivo, entre otros. 

Para garantizar el riguroso cumplimiento de estas medidas, se podrán aplicar multas y sanciones de diferentes cuantías, oscilando estas entre los 100 y 600.000 euros -que como hemos podido comprobar ya se están aplicando ante las reticencias de algunos ciudadanos a cumplir con las mismas-, suspensiones de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, e incluso la imposición de penas privación de libertad, todo ello al amparo de la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida esta última como “Ley Mordaza”, y de la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre, reguladora del Código Penal, y de manera proporcional a la gravedad de las infracciones que se cometan.

Estas son básicamente las medidas aprobadas hasta ahora, si bien está previsto que en breve se adopten medidas extraordinarias en el ámbito laboral, fiscal y financiero, muy necesarias para paliar los grave efectos que va a conllevar la puesta en marcha de las medidas del Real Decreto y sobre las que también os informaremos.

“Esperemos que un cumplimiento responsable por todos del estado de alarma permita que el mismo no se vea prorrogado o incluso endurecido”. 

¡Os seguiremos informando”.