Dos derechos fundamentales, consagrados en nuestra Carta Magna, uno el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, recogido en el artículo 18.4, y, otro, el derecho a la libertad de información, amparado en el artículo 20.1, dos derechos que, en la nueva era digital en la que vivimos se pueden ver constantemente infringidos por la prevalencia de uno sobre el otro pero ¿cuál merece mayor protección?

Antes de responder a dicha pregunta debemos centrar nuestros conocimientos sobre el llamado derecho al olvido digital, que es la facultad ostentada por todo ciudadano a oponerse a un uso ilegítimo de sus datos personales, derecho que se encuentra inherente al derecho a la protección de datos personales, que se encuentra amparado dentro del artículo 18.4 de la CE. Pero este derecho tiene sus limitaciones, como el resto de derechos, que, encuentra sus líneas, cuando su esfera de protección colisiona con la esfera de protección del resto de derechos fundamentales.

Pero, ¿qué ocurre cuando se divulga una noticia que atenta contra nuestro derecho a la intimidad? ¿Prevalece el derecho a la libertad de información, debiendo de mantener la publicación de la noticia, o por el contrario prevalece al derecho a la intimidad personal y familiar y, por tanto, el sujeto podrá ejercitar el derecho al olvido digital?

Serán dos los requisitos a tener en cuenta para decantar la balanza hacia la protección de uno u otro derecho. Así, cuando la noticia difundida sea veraz y los hechos ostenten relevancia pública, prevalecerá la protección del derecho a la libertad de información, sin embargo, cuando uno de estos requisitos decae, bien porque los hechos divulgados sean parcialmente erróneos, o bien porque la información carezca de interés público relevante, la protección deberá decantarse a favor de derecho a la protección de los datos personales.

Este debate entre la protección del derecho al honor o la protección a la libertad de la información ha sido debatida en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, contenciosa-adminsitrativa, de 11 de enero de 2019. (20190111-STS)En dicha resolución el Tribunal Supremo desestima el recurso planteado por GOOGLE frente a la resolución dictada por la Agencia Española de Protección de Datos que ordenó al motor de búsqueda bloquear ciertos enlaces que fueron denunciados por un individuo que entendió vulnerado su derecho a la protección de sus datos personales al vincular su nombre con varias noticias que hacían referencia a que unos agentes de Medio ambiente habían sorprendido a tres cazadores “furtivos”, que eran trabajadores directos de la Administración gallega, relatando que el enfrentamiento con dichos furtivos había dado lugar a la imposición de sanciones administrativas. Recurridas estas sanciones ante el órgano judicial competente, el Juez de contencioso-administrativo declaró, como hecho probado que, los sujetos sancionados, a los que los distintos artículos denominaban como furtivos, eran “una cuadrilla previamente autorizada para ejercitar la caza en el terreno cinegético”, considerando que la denominación de furtivos recogida en las publicaciones eran esencialmente erróneas.

Tras el estudio del caso anterior y recogida en la Sentencia la numerosa jurisprudencia que hasta el momento han recogido nuestros Tribunales al respecto, el Tribunal Supremo acaba recogiendo como doctrina esencial al respecto que:

“El artículo 20.1.d) de la Constitución española de 29 de diciembre de 1978, en relación con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre , de Protecciones de Datos de Carácter Personal, debe interpretarse en el sentido de que debe garantizarse la protección del derecho al olvido digital (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Norma Fundamental) en aquellos supuestos en que la información que es objeto de difusión, y cuya localización se obtiene a través de motores de búsqueda en internet contenga datos inexactos que afectan en lo sustancial a la esencia de la noticia.”

Pero, ¿qué podemos hacer si al introducir nuestro nombre en un motor de búsqueda, éste ofrece como resultados noticias o artículos digitales que publican datos que son sustancialmente erróneos o inexactos y que implican una desvalorización de nuestra imagen reputacional?

Pues bien, si esto ocurre, en conformidad con la doctrina sentada por la sentencia anteriormente reseñada, la persona afectada está legitimada para plantear una acción de reclamación frente a la entidad proveedora de los servicios del motor de búsqueda o ante la Agencia Española de Protección de Datos, solicitando que se adopten las medidas necesarias para que, el nombre del sujeto afectado, no se vea vinculado a los resultados de búsqueda que se considera que atentan contra el nuestro derecho a la intimidad, haciendo efectivo nuestro derecho al olvido digital.