Como todos sabemos, España se encuentra entre los líderes mundiales en cuanto a turismo se refiere. Prueba de ello es la gran competencia existente en el mercado actual, pues encontramos una gran variedad de alojamientos, desde los operadores tradicionales, como los Hoteles, hasta plataformas digitales de acceso sencillo y rápido a través de la cual poder encontrar una amplia y variada oferta de alojamientos a gusto del consumidor, además de abaratar costes.

Pues bien, una de las plataformas digitales más conocidas en el sector en nuestro país es Airbnb, plataforma que lleva funcionando desde 2008 pero cada vez más conocida entre todos los países y, en concreto, en España.

La falta de una regulación concreta de la materia, unida al imparable crecimiento de este tipo de plataformas, ha supuesto una inmediata actuación del Gobierno que se ha visto en la obligación de plantear y analizar la posibilidad de una modificación de las leyes reguladoras de la materia en el ámbito nacional.

Por un lado, de entre todas las posibilidades que desde el Gobierno se están barajando, una de ellas y quizás la más significativa, afectaría a la actual Ley de Propiedad Horizontal, modificándola en el sentido de otorgar a las comunidades de vecinos potestad para vetar por mayoría simple este tipo de alojamientos en una comunidad de propietarios. Por lo que sólo podrá abrirse un apartamento turístico si lo aprueban al menos 3/5 de los propietarios del bloque. La intención de esta modificación es la de otorgar a las comunidades de vecinos el poder de decisión sobre sus fincas, puesto que aunque el servicio se preste dentro una finca individualmente considerada, el uso de las zonas comunes por parte de los inquilinos se encuentra implícito dentro del arrendamiento de apartamento turístico.

Por otro lado, se plantea por parte del legislativo la posibilidad de crear un Registro Estatal Único para el control y registro de esta actividad, con el objeto de conocer y “mapear” el número de viviendas que se destinan  a alquiler turístico, y así, dar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los miembros de las comunidades de vecinos.

Respecto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Gobierno está trabajando en una propuesta de definición común de vivienda de uso turístico con la intención de distinguir alquileres turísticos y de corta duración, intentando concretar una definición de lo que se entiende por vivienda de uso turístico, aun así, la definición no está cerrada.

No podemos olvidar que la regulación en materia de viviendas de uso turístico es una competencia cedida a las CCAA (en Andalucía, por ejemplo, se encuentran reguladas en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos), por lo que lo que se pretende desde el Gobierno es establecer unas directrices claras, sin olvidar que se trata de competencias cedidas y por tanto no depende del mismo la última palabra, que corresponde a las Comunidades Autónomas.

Así, “lo que se avecina”, son importantes cambios legislativos que están por concretar, pero que sin duda son necesarios para dotar de certidumbre y seguridad jurídica tanto a las comunidades de vecinos como a aquellos que desean explotar o disfrutar de un alojamiento turístico.