De este modo tan contundente se expresaban los profesores interinos murcianos en su escrito de demanda contra un acto de su Administración Autonómica, que les despedía al acabar el curso, contratándoles de nuevo cuando volvía a comenzar, con el objetivo básico de no pagar sus salarios durante las vacaciones, algo que sus compañeros funcionarios sí que percibían, tratándose esto, por desgracia, de una situación que se repite en muchas otras Comunidades Autónomas.

La reciente sentencia 966/18 del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2018, dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, no viene más que a recordarnos una situación que en los últimos años la jurisprudencia, tanto ordinaria como constitucional, ha reiterado: “los trabajadores interinos que trabajan para la Administración y los funcionarios públicos, tienen, esencialmente, los mismos derechos laborales”.

La importancia de la reciente sentencia que hoy venimos a comentar, radica en las características del Tribunal de la que emana, pero no es la primera vez que el juzgador tiene la posibilidad de analizar esta situación ya que existe base jurisprudencial previa que, fundamentalmente, se expresa del mismo modo que el alto Tribunal, siendo muy ilustrativa la sentencia del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 8 de Madrid de 30 de mayo de 2017, por mencionar una entre muchas.

Nuestro Derecho nacional no ha pretendido, desde un primer momento, otorgar al trabajo interino las mismas características que presenta el funcionariado español, por lo que ha sido el Derecho de la Unión -que recordamos forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico-  principalmente a través de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la Confederación europea de sindicatos, La Unión de confederaciones de industria y empleadores de Europa y el Centro europeo de la empresa pública sobre el trabajo de duración determinada y al desarrollo jurisprudencial europeo y nacional, quien ha equiparado esta situación, otorgándoles los mismos derechos y características que al resto de empleados, y reconociendo la igualdad entre la situación del personal interino al servicio de la Administración Pública, y los que habitualmente llamamos funcionarios de carrera.

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2018 que traemos a colación, nos recuerda que la disposiciones contenidas en el Acuerdo Marco se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del Sector Público.

Recordemos que los trabajadores interinos, cuentan con un contrato cuyo objetivo es sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo o bien, cubrir por un tiempo, un puesto de trabajo durante un proceso de selección o promoción que traerá la cobertura definitiva de estos.

La sentencia, vuelve a hacer hincapié, básicamente, en un aspecto que la jurisprudencia nacional y comunitaria expresa habitualmente: “entre trabajadores indefinidos o temporales, no deben producirse ningún tipo de desigualdad siempre y cuando desempeñen la misma labor”, y no cabe duda que los maestros y profesores, sean funcionarios o interinos, desempeñan, de forma general, el mismo puesto de trabajo, y  así lo reconoce nuestro Alto Tribunal.

Ante esta tesitura, el Tribunal Supremo, con base al Derecho de la Unión, no entiende que se pueda justificar de manera legal, una situación que crea desigualdad entre trabajadores, pues, en modo alguno, el hecho de que una medida pueda suponer un ahorro en los costes educativos de la Administración Pública, podrá justificar la vulneración del derecho de la Unión Europea y, lo que es más importante, de Derechos fundamentales de los ciudadanos.

Concluye nuestro Alto Tribunal que la vulneración que se ha realizado contra los derechos de los trabajadores es merecedora de sanción de nulidad de pleno derecho, y en consecuencia, el acto se ha de tener por no realizado, pues “quod nullum est nullum effectum producit” o lo que es lo mismo, lo que es nulo nulo efecto produce.

Ahora, y teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto, se abre la puerta a la posibilidad de reclamar a la Administración los salarios de periodos vacacionales que no se hayan percibido, así como los derechos asociados a ello.

Si te encuentras en esta situación y estás interesado, en Despacho Torres Abogados, desde nuestro equipo de Derecho Administrativo y Laboral, estaremos encantados de resolver y aclarar todas las dudas que pueda suscitarte este asunto.