¿Pueden los niños extranjeros jugar al fútbol en España? Muchos de los que seguimos habitualmente el fútbol contestaríamos sí sin dudarlo un momento, puesto que nos resulta normal ver futbolistas profesionales extranjeros jugando en primera o segunda división jornada tras jornada.

Pero, si abandonamos el fútbol profesional y nos centramos en el fútbol base, en las competiciones que se ven todos los fines de semana en los distintos pueblos y barrios de nuestra geografía, ¿lo tendríamos tan claro? ¿Existen requisitos que limiten la participación de niños extranjeros en el fútbol base?Nuestro primer pensamiento iría encaminado a negar la segunda cuestión, puesto que, ¿cómo le vamos a negar a un niño el derecho de participar en una competición deportiva simplemente por su nacionalidad?

Sin embargo, como ya explicamos en la entrada «La transferencia internacional de menores en el mundo del fútbol«, el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, prohíbe la transferencia y nueva inscripción de menores extranjeros, exceptuando tres supuestos. Esta normativa internacional, es aplicada por la Real Federación Española de Fútbol (en adelante RFEF), la cual exige que se cumplan algunas de las excepciones para autorizar la inscripción en una competición futbolística oficial. Por lo que, de acuerdo a la normativa federativa, o el niño extranjero cumple con alguna de las tres excepciones o no podrá inscribirse en ninguna competición oficial.

La normativa federativa, emitida generalmente por la FIFA, no siempre se adecua a la normativa pública, dictada por el Estado español. Así puede llegar a suceder que en algunos asuntos la norma “deportiva” permita cosas que la normativa estatal no acepta y viceversa, creando un conflicto normativo.

Este es el caso que se produjo en la Comunidad de Madrid, cuando una madre de nacionalidad extranjera no comunitaria, impugnó ante el Consejo Superior de Deportes, la decisión de la RFEF de denegar la expedición de licencia a su hijo para participar en la categoría Primera Juvenil de la citada Comunidad Autónoma, basándose en que los padres no tenían contrato de trabajo.

La RFEF se defendió alegando que no era decisión suya puesto que la categoría era competencia de la Federación Madrileña de Fútbol. La citada Federación autonómica alegó que las licencias de jugadores extranjeros menores de edad son expedidas por la RFEF, limitándose su actuación meramente a recabar la documentación que la federación nacional requiere.

El CSD entra, en primer lugar, a resolver sobre cuál es la federación competente para admitir o denegar las licencias de los menores extranjeros, estableciendo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120.2 del Reglamento de la RFEF, los futbolistas extranjeros dirigirán su solicitud ante dicha federación, aportando documentación sobre su filiación, nacionalidad y permiso de residencia. Por lo que, la competencia de expedir licencia de niños extranjeros es de la RFEF, de acuerdo a su propio Reglamento General.

Una vez conocido quien denegó la licencia, hay que saber cuál es el motivo en el que basa su decisión. La RFEF basa su decisión en la circular 74 de la temporada 2014/15, en la que de acuerdo a las normas FIFA, antes mencionadas, para inscribir un menor extranjero se tiene que aportar, entre otra documentación, el contrato de trabajo de uno de los padres.

Esta decisión, en primer lugar, va en contra de lo dispuesto en el ya citado artículo 120.2 del Reglamento de la RFEF, puesto que en él no se exige que los menores extranjeros tengan que aportar el contrato de trabajo de los padres, solo se tiene que acreditar la nacionalidad, filiación y legal residencia.

Pero, es más, esta decisión va en contra de lo dispuesto en la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que establece que el único requisito para que un extranjero participe en una competición deportiva no profesional es encontrarse legalmente en España.

Con estos datos el CSD, entra a resolver el asunto especificando en primer lugar, que conoce perfectamente la posición de la RFEF, la cual por pertenecer a una Federación Internacional privada debe someterse y acatar las normas que esta le impone. Pero que, ante todo, debe someterse al Ordenamiento Jurídico, puesto que de acuerdo a su naturaleza “público-privada” tiene funciones públicas delegadas, por lo que sería del todo incoherente e inconstitucional que un organismo que desarrolla funciones públicas pueda contravenir el Ordenamiento Jurídico español.

Por consiguiente, el CSD establece que ante los posibles conflictos normativos que puedan suscitarse entre las normas federativas privas dictadas por la FIFA y las normas que componen el Ordenamiento Jurídico español, la RFEF siempre debe optar por aplicar la normativa estatal.

Ante todo ello, el CSD ordena dejar sin aplicación el artículo 19 del RETJ de la FIFA, en lo que contravenga el derecho estatal, y así, en el presente caso, ordenar a la RFEF inscribir al menor.

Este es uno de los muchos ejemplos que existen de los conflictos normativos entre lo dispuesto por las Federaciones deportivas (entes privados) y las normas de los Estados (derecho público), por ello ante estas situaciones siempre es aconsejable ir asesorados por expertos en la materia, que sepan desenvolverse con facilidad en este peculiar sistema.