El pasado 21 de diciembre del año pasado muchos consumidores que durante los años de la crisis habían contratado un préstamo hipotecario recibieron con alegría, como si de la lotería se tratase, la tan esperada noticia sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las cláusulas suelo y los efectos sobre su nulidad. Esta sentencia, que cierra por fin un debate tan enconado como lo era la procedencia de la doctrina del Tribunal Supremo y su sentencia de 9 de mayo de 2013, abre la puerta a un nuevo mundo de posibilidades y de reclamaciones.

Poco antes, teníamos noticia de que el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Oviedo el Tribunal Supremo, amparándose en la Sentencia del Tribunal Supremo 705/2015 de 23 de diciembre de 2015, declaraba las cláusulas por las que la entidad bancaria imponía a sus clientes el pago de todos los gastos de formalización de hipotecas, cuando, en realidad, debían asumirlos el banco, al menos, en una parte. El razonamiento era contundente: a quien más interesaba la inscripción registral era al banco, por lo que, en justicia, debía asumir el coste de dicha acción.

En vísperas de acabar el año, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Álava, en su Sentencia 538/2016 de 30 de diciembre (LA LEY 7229/2016) declaraba como nula la cláusula que Kutxabank venía utilizando entre sus condiciones generales una cláusula que establece una comisión a cargo del cliente por reclamación de posiciones deudoras (números rojos). Entendía el Tribunal vasco que resultaba contraria a Derecho por ser abusiva y, por tanto, nula conforme a la normativa de protección de los consumidores y usuarios. En consecuencia, condenó a la demandada a eliminar dicha cláusula en sus condiciones generales, a cesar en su imposición y a cobrarla a su clientela, tanto en los contratos ya concertados, como los que fuera a celebrar en el futuro.

Estas sentencias sólo son ejemplos que ponen de manifiesto cómo la ley, conocedora de la posición de debilidad que ostentan los consumidores y usuarios en sus relaciones contractuales con grandes empresas, como son los bancos, por ejemplo, protege, sancione y establece mecanismos eficaces de revisión de este tipo de situaciones.

Como consecuencia del desarrollo económico de las últimas décadas, se ha desarrollado exponencialmente el fenómeno de la contratación en masa. Desde el punto de vista jurídico se ha sustanciado en lo que la ley califica contratos de adhesión, es decir, contratos en virtud de los que una de las partes (predisponente dice la ley) establece las condiciones contractuales sin posibilidad alguna de negociación para la otra (adherente). Este tipo de fórmulas contractuales se han materializado en las condiciones generales de la contratación, condiciones que son legales y lícitas. Sin embargo, precisamente, para garantizar el equilibrio entre las partes y romper las posibles desigualdades de información el Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prescribe una serie de obligaciones para los predisponentes, proscribe una serie de situaciones y confiere a los consumidores armas con las que vigilar y reclamar posibles abusos que se deban al incumplimiento de los mandatos legales previstos.

La piedra angular en la que se basan parte de las reclamaciones es la falta de información o la información omitida por parte de los bancos. No debemos olvidar que nuestro ordenamiento jurídico se basa en la autonomía de la voluntad, es decir, en la premisa de que las partes son libres para establecer cuantos pactos quieran (con el debido respeto a la ley, la moral y al orden público). Muchos de los pronunciamientos que estamos obteniendo en estos momentos no entran a valorar el contenido en sí mismo, sino si, con arreglo a la lógica garantista que prescribe la legislación en esta materia, se han respetado y cumplido todos los deberes de información. Cuando no se han respetado, las cláusulas serán abusivas y nos permitirán solicitar la cesación de la misma y reclamar los posibles daños y perjuicios.

En el caso de Kutxabank, dice la Audiencia Provincial alavesa que se vulneran, entre otros, los artículos 86, 87.5 y 89.3 de la Ley General de Consumidores y Usuarios pues se priva al cliente de conocer el medio de reclamación que se va a emplear y por el que se le carga dicha comisión, cuánto se le carga, o en cuántos días debe regularizar la situación o atender la reclamación.

Como decíamos al principio, estas sentencias abren las puertas a nuevas reclamaciones. De esta manera, se aviva el espíritu crítico de los consumidores, despertándose así su curiosidad y buscando si se han producido abusos en sus relaciones contractuales. Gracias a estos pronunciamientos, los consumidores han aprendido a exigir información antes de contratar. Parece que la filosofía de “vale más prevenir que curar” comienza a extenderse, sin embargo, tantos años de desinformación y desinterés ciudadano por estos aspectos significa que ahora se abren nueves frentes. En este sentido, contar con un buen asesoramiento legal, como ofrecemos en Torres Abogados, puede ahorrarle al cliente mucho dinero.