En esta ocasión, vamos a retomar temática mercantil y empresarial para referirnos a las distintas situaciones a las que se puede encontrar una mercantil en el día a día de su actividad.

En efecto, nos referimos a la insolvencia mercantil, una situación que por desgracia puede pasar en alguna ocasión por nuestra empresa y que puede darnos algún que otro quebradero de cabeza. Por lo pronto, dejando de lado recomendaciones económicas, vamos en primer lugar a salvar nuestra responsabilidad como administradores, pero para ello es necesario detectar en que momento jurídicamente nos encontramos en situación de insolvencia:

¿CUÁNDO UNA EMPRESA ES INSOLVENTE?

El artículo 2 de la Ley Concursal establece un presupuesto único para ser declarados en concurso, el cual es la insolvencia del deudor común, señalando que “se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.” Esta insolvencia puede ser actual o inminente.

Esta definición puede analizarse señalando tres elementos que la integran:

  • la imposibilidad de cumplimiento
  • la irregularidad en el cumplimiento
  • la exigibilidad de las obligaciones.
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO

Desgranando cada uno de ellos podemos indicar que la imposibilidad incluye tanto los supuestos en que el deudor no puede cumplir con sus obligaciones exigibles por carecer de bienes bastantes, como los supuestos en que teniendo bienes bastantes carece de liquidez para atender aquellas obligaciones.

Para mayor ilustración, la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 1ª, de 22.5.2013(JUR 2013\244816) afirma que “… La insolvencia es un estado general del patrimonio que no incide sobre el crédito de un acreedor en particular o de algunos de ellos, sino de todos, porque concierne a la imposibilidad de cobrar. No se da la situación de concurso cuando alguno de los acreedores tiene dificultades para cobrar del deudor común, sino cuando ninguno de ellos, presumiblemente, pueda cobrar. Lo importante y decisivo es la insolvencia del deudor y no la imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que solamente es la consecuencia de la insolvencia que se puede manifestar por una serie de circunstancias que nada tengan que ver con la insolvencia. Se puede ser solvente, tener la financiación adecuada y, sin embargo, no pagar por otra razón cualquiera, o sin alguna razón aparente. Cualquier dificultad sin más que los acreedores puedan tener para cobrar sus créditos no significa que se esté ante un estado de insolvencia de quien no paga …”.

Más recientemente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 30.5.2014 (JUR 2014, 245432).

Además, debemos destacar que la insolvencia de la ley concursal es diferente a una situación de pérdidas o de desequilibrio económico o financiero que implica otras obligaciones societarias para los administradores tal y como indicamos en otro artículo de nuestro blog.

En efecto, el concepto de insolvencia resulta ajeno a la concepción patrimonial del deudor por cuanto su activo puede ser mayor o menor que el pasivo o pueden existir pérdidas cuantiosas que no deriven en incumplimiento generalizado de obligaciones exigibles al tener la deudora fuentes de financiación bastantes.

Si ambos supuestos de hecho concurren de modo separado no existe controversia sobre el deber legal de los administradores sociales, pero si concurren ambas situaciones de modo acumulativo en el plazo de dos meses la pregunta que surge es determinar qué deber prevalece, entendiendo la mejor doctrina que si a las pérdidas cualificadas se suma el sobreseimiento general en los pagos debe prevalecer la solicitud concursal en cuanto proceso colectivo y universal tendente a la satisfacción ordenada de los acreedores.

LA REGULARIDAD EN EL CUMPLIMIENTO

El segundo de los elementos básicos de la insolvencia viene representado por la regularidad en el cumplimiento.

Este apartado exige entrar a valorar la situación económica y financiera del deudor, su deuda a corto y largo plazo, sus fondos propios, su fondo de maniobra, su ratio de solvencia, sus ingresos de explotación y financieros a los fines de analizar si de una ordinaria actividad y con una normal financiación podrá atender o no aquellas deudas exigibles, siendo de compleja actividad demostrar dicho incumplimiento.

Según la doctrina consolidada tras la variada jurisprudencia, se debe entender que no estamos ante un regular cumplimiento cuando la sociedad debe acudir a un endeudamiento excesivo, incrementado de manera desproporcionada el pasivo de la sociedad. Entendiendo que si es regular cuando se acude a medios ordinarios de mercado, ya sea financiación o consecución de activos, puesto que, -por ejemplo-, una empresa puede acudir a la enajenación de parte de su activo para obtener liquidez necesaria para el cumplimiento de sus pagos.

LA EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN

Llegados a este punto debemos indicar que una deuda es exigible cuando el acreedor puede reclamar con eficacia jurídica su cumplimiento, de tal modo que si el deudor no paga puede demandarlo judicialmente y se le aplicarán las consecuencias previstas legalmente.

Por tanto, el vencimiento de la deuda constituye uno de los presupuestos de exigibilidad del mismo.

Por lo tanto, si se dan estos tres requisitos, la sociedad debe al menos, plantearse instar el procedimiento concursal, no obstante señalamos, hay que estudiar cada caso concreto, puesto que un exceso en el plazo para solicitar el concurso de acreedores puede hacer incurrir al administrador en responsabilidades incluso de índole económica.

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