En una primera toma de contacto y por hacer una definición muy generalista, podríamos definir el crowdfunding como un mecanismo de financiación empresarial mediante el cual NUEVOS EMPRENDEDORES que buscan poner en marcha sus proyectos de manera ambiciosa en un contexto de crisis financiera como la que venimos sufriendo desde hace casi 10 años (que es lo que vamos a denominar promotores) pueden obtener gracias al soporte de las nuevas tecnologías y sobre todo de una  página web (que es para nuestro caso concreto las plataformas de financiación participativa) la financiación necesaria para sus proyectos, de inversores relativamente pequeños (puesto que no siempre vamos a hablar de inversores acreditados) que van a arriesgarse a invertir su dinero en proyectos que comportan un alto nivel de riesgo y a cambio de una rentabilidad financiera de las mismas.

El auténtico origen del crowdfunding podría situarse en 1977 con el grupo de rock Marillion, que para poder financiar su gira por Estados Unidos realizó una campaña de recolecta de fondos, que apoyada por sus fans, consiguió alcanzar la cantidad necesaria para que la banda pudiese llevar a cabo su gira. Se trata en realidad de donaciones y de un contexto histórico en el que el término crowdfunding todavía no sonaba. Empieza a ganar auténtica importancia en 2008, cuando se habla del mismo como tal en un artículo titulado “The Rise of Crowdfunding” y es en ese año cuando surge la primera plataforma de financiación, denominada Artistshare, para la financiación de proyectos artísticos en su totalidad.

Si atendemos a nuestra propia ley para hacer un análisis más exhaustivo de lo que sería nuestra norma, encontramos en su preámbulo que la regulación del crowdfunding se hace como medida paliativa al problema de crédito que sufrimos en España, y por el cual, numerosas ideas que podrían haber sido brillantes de haber obtenido la financiación necesaria por parte de los bancos, quedaron en el más absoluto olvido. Por esta razón surgen nuevos métodos de financiar a los emprendedores sin que esto se haga depender de un crédito con una entidad financiera.

Lo primero que hay que saber es que en España es mediante las plataformas de financiación participativa, sistema alternativo cuyo objetivo única y exclusivamente debe ser poner en contacto a inversores y promotores.

Aquí quedarían excluidos los proyectos que se financien mediante donaciones, tampoco podrían ampararse en esta Ley la compra venta de bienes y servicios ni tampoco las donaciones sin interés. Lo importante es la rentabilidad económica que se obtiene a cambio de invertir en un proyecto que es muy arriesgado, pues NADIE asegura la viabilidad del mismo, ni promotor ni plataforma, ni tampoco la CNMV.

Para llevar a cabo este tipo de plataforma hay que cumplir con unos requisitos societarios muy tasados por la ley, porque de no ser así, difícilmente se va a conseguir la autorización de la CNMV necesaria para poder actuar. Una vez que se ha dado a estos requisitos societarios, ya se puede proceder a cumplimentar las formalidades básicas: autorización previa de la CNMV y registros pertinentes.

Es importante hacer referencia también al hecho de que si se otorga la licencia para desarrollar la plataforma de financiación participativa y posteriormente se desean realizar modificaciones, hay que solicitar autorización a la CNMV.

Como cuestión a tener presente también en materia relacionada con la autorización de la CNMV, debe ponerse de manifiesto que dichas autorizaciones son susceptibles de ser revocadas, suspendidas y renunciadas.

Se prevé en el mismo precepto la suspensión de la autorización, que a pesar de tener unos efectos menos perjudiciales que la  revocación, puesto que no es una medida permanente si no temporal, sigue paralizando la actividad de la empresa, con la correspondiente pérdida de confianza por parte de los clientes que ello comporta. Como último aspecto destacable de estas autorizaciones, la empresa que la ha obtenido podrá renunciar a la misma comunicándolo a la CNMV. La comisión va a aceptar todas las renuncias, a no ser que con la misma, se ocasiones riesgos graves para los inversores o promotores.

Recopilando por tanto los aspectos procesales de la autorización, deberá interponerse una solicitud acompañada de todos los documentos que se han relacionado en este informe, y sobre la cual la administración tendrá un plazo de 3 a 6 meses para resolver. Si no resolviera en plazo se entenderá desestimada por silencio administrativo negativo. La resolución administrativa que otorgue la licencia, por lo tanto, deberá ser expresa, y una vez que la empresa cuente con ella ya podrá inscribirse en el registro de la CNMV, requisito indispensable también para poder ejercer la actividad.

Esta empresas además de prestar los servicios de la plataforma, pueden prestar servicios complementarios como serian el estudio de los proyectos para poder valorar por parte de la propia plataforma, la rentabilidad que se podrá obtener con los mismos, la viabilidad, etc… todo ello con un carácter muy aséptico y como puro desarrollo informativo de los proyectos.

Una suerte de asesoramiento jurídico, puesto que pueden desarrollar funciones tales como poner a disposición de sus clientes la documentación legal necesaria para contratar, aportando si así lo desean, modelos de contratos. De la misma manera, reclamaciones judiciales y extrajudiciales de los derechos de crédito.

O un asesoramiento informáticos y de marketing, sobre como publicar sus proyectos y como hacerlos más atractivos.