El pasado 11 de octubre entró en vigor la Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, dictada en desarrollo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Mediante la serie de medidas contenidas en la reseñada circular, se pretende simplificar y abaratar la valoración del riesgo financiero de autónomos y PYMES que realizan las entidades de crédito. Para ello, se implanta una metodología concreta, homogénea y unificadora de criterios, tratando de evitar la disparidad existente entre las distintas entidades.

De algún modo, y si se permite el símil, se quiere trasladar al mercado de la financiación los mismos métodos que se vienen empleando de antaño en el sector del aseguramiento de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos, para, en función del historial de siniestralidad del cliente, establecer el importe de la prima a abonar por una concreta póliza, y en el caso que nos ocupa, la concesión o no de la operación crediticia, y en qué condiciones.

A tal fin, se crea el documento «Información Financiera-PYME» que las entidades bancarias habrán de emitir y conservar durante seis años, siendo su contenido mínimo el siguiente:

a) Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, en concreto las cuatro últimas declaraciones mensuales de datos relativas a los acreditados, así como las correspondientes al final de cada trimestre natural de los últimos cinco años anteriores a la fecha de notificación o a la fecha de la solicitud.

b) Datos comunicados por la entidad a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito, que sigan constando en los registros de tales empresas a la fecha de la notificación o a la fecha de la solicitud.

c) Historial crediticio referido a los cinco años anteriores a la fecha de la notificación o a la fecha de la solicitud.

d) Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos del flujo de financiación del acreditado.

e) Calificación del riesgo del acreditado.

En relación al último de los apartados, el desarrollo de la Circular establece la metodología estandarizada a aplicar, de tal forma que el resultado a obtener -independientemente de cual sea la entidad que efectúe la calificación- sea comparable y homogénea.

Para ello, el análisis debe basarse en los siguientes criterios:

a) Situación financiera del acreditado: analizando la capacidad económico-financiera para hacer frente a sus compromisos financieros.

b) Variables cualitativas: para lo que se tendrá en cuenta lo siguiente: la antigüedad del acreditado como cliente de la entidad y la antigüedad de su negocio; el sector económico en el que opera y, cuando sea posible, la experiencia y compromiso de otros socios, la pertenencia de la pyme a un grupo económico considerado pyme (conforme a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas).

c) Variables conductuales: valorando la evolución del comportamiento del acreditado en las relaciones contractuales en las que aquel haya sido parte, analizando sus sistemas de gestión y de alertas. En concreto debe recoger los siguientes aspectos:

                i.- La existencia de posiciones vencidas.

                ii.- La frecuencia y recurrencia de impagos, incluyendo las alertas de inscripción del acreditado en registros de impagados (RAI, ASNEF, etc.).

                iii.- Los descubiertos y excedidos en cuenta registrados en el último ejercicio.

                iv.- Aquellas derivadas de la CIRBE.

Tras la valoración individual de cada uno de estos criterios se extraen los siguientes niveles de riesgo:

Cuadro 1. Calificación del riesgo

Riesgo bajo.

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que tiene una capacidad adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-bajo.

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existe alguna incertidumbre no especialmente significativa sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-alto.

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen incertidumbres significativas sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo alto.

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen serias dudas de que vaya a ser capaz de hacer frente a sus compromisos financieros.

No disponible.

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando no se haya podido disponer de información suficiente para aplicar la metodología de calificación del riesgo.

Esta Circular, de alguna forma, permite conocer a todos los operadores las reglas del juego en materia de valoración del riesgo crediticio, pudiendo saber de antemano la opinión conformada por la entidad y adecuar nuestro pool bancario a dicha percepción, e inclusive tratar de corregir aquellos aspectos que resulten determinantes para mejorar nuestra calificación, pues ello facilitará la obtención de financiación.

Una vez lograda la financiación, las entidades de crédito habrán de preavisar a la PYME cuando tengan la intención de no prorrogar, extinguir o disminuir en más de un 35% el flujo de financiación, remitiendo el «informe de Información Financiera-Pyme» en el que conste su situación financiera y la valoración del riesgo crediticio. Ello, sin duda, permitirá disponer de una financiación más estable y, en caso de extinción o disminución, disponer de un cierto margen de maniobra -al menos 3 meses, que es el plazo de preaviso recogido en la norma- para localizar otras fuentes de financiación o hacer los reajustes que ese breve periodo permita.

Tal medida supone dotar de mayor seguridad a nuestro sistema bancario y las expectativas de mantenimiento crediticio del que disponga la PYME cuando, conforme a los criterios establecidos, alcance una valoración y sea capaz de mantenerla en el tiempo.

La pretensión de esta circular es sin duda mejorar los niveles de morosidad existentes en nuestro sistema bancario, queda ahora por descubrir si esta concrección en los analisis de riesgos también generará un incremento en el volumen de operaciones de financiación tan necesarias para el mantenimiento y desarrollo del tejido empresarial.