Cuando hablamos de la responsabilidad civil de los centros de enseñanza, debemos partir de lo siguiente: los titulares de los centros de enseñanza son directamente responsables de los daños causados por los alumnos menores de edad durante el desarrollo de actividades escolares, extraescolares o complementarias.

Se trata de una responsabilidad por culpa. Es decir, es necesaria la concurrencia de culpa o negligencia del centro, recayendo en el mismo la carga probatoria: es el propio centro el que tiene que probar que actuó con la diligencia debida.

La responsabilidad se extiende a todos los daños causados durante períodos de tiempo en que los alumnos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, independientemente del tipo de actividad –escolar, extraescolar o complementaria– que desarrollen.

Asimismo, debe señalarse que el titular del centro tiene derecho de repetición contra los profesores, si estos hubieran actuado con dolo o culpa grave.

Realizados ya estos apuntes generales, pasamos a abordar la responsabilidad civil de un centro de enseñanza respecto de un caso de acoso escolar (“bullying”) que acontece en su interior.

Aquí, la primera consideración a tener en cuenta es que el bullying constituye una infracción penal cometida por un menor, puesto que es un supuesto de acoso físico y/o psicológico que se produce de forma continuada en el tiempo, atentando contra  la integridad física y/o psíquica del alumno (menor) que lo sufre.

Sabiendo ya que nos encontramos ante una infracción penal cometida por un menor, el perjudicado por la misma tiene dos vías para reclamar los daños y perjuicios derivados del ilícito criminal: una vía especial prevista en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM) y otra acción ejercitable ante la jurisdicción civil, prevista en el art. 61.1 LORPM.

Independientemente de la opción procesal que se elija, el menor agresor y sus padres son responsables civiles y el Centro educativo es responsable solidario.

Pese a que en este ámbito no se ha producido la misma objetivación de la responsabilidad que en los supuestos de la responsabilidad de los padres y tutores y de los empresarios, la evolución jurisprudencial también está conduciendo la responsabilidad de los centros de enseñanza hacia una responsabilidad prácticamente objetiva, aunque sigue siendo necesario el elemento culpabilístico.

A la hora de discutir y, en su caso, probar el elemento culpabilístico, se estará al grado de cumplimiento o incumplimiento del deber objetivo de cuidado del Centro, al deber de diligencia empleado u omitido.

En casos tan graves como un supuesto de bullying, el único comportamiento que cabe esperar por parte del Centro es una actuación inmediata y contundente, dirigida a erradicar por completo el abuso de sus alumnos hacia una compañera. Incluye esta actuación denunciar el caso ante la Fiscalía.

La desatención por parte de un centro educativo a un supuesto de bullying que acontece en su interior o aunque sea el mero desconocimiento permite afirmar la culpa y, por tanto, la responsabilidad civil del centro, pues supone un incumplimiento de su deber de control, vigilancia y cuidado de los menores que se encuentran a su cargo, máxime considerando la función de garante de la seguridad e integridad física y psíquica que tiene un Centro con respecto a sus alumnos.