En esta semana se ha publicado, casi cuatro años después del suceso que la ha motivado, la Sentencia del denominado “caso Madrid Arena”.

Este texto no es, ni pretende ser, una crítica a dicha Sentencia, pero si entiendo que su fallo, y las reacciones que ha suscitado, merecen algún comentario.

El principio de proporcionalidad de las penas, como es fácil imaginar por la literalidad de su enunciado, determina, a grandes rasgos, que la gravedad de la pena que se imponga por un hecho delictivo concreto debe corresponderse con la gravedad y consecuencias del citado hecho y con la culpabilidad del sujeto que comete ese delito.

La alusión a ese principio tradicionalmente se ha esgrimido para evitar que, por la aplicación estricta de la ley, se alcancen resultados injustos, imponiendo castigos excesivos a conductas que, en equidad, no las merecen. El propio Código Penal, en el apartado segundo de su artículo cuatro, faculta al Tribunal sentenciador a acudir al Gobierno “cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no deba serlo o cuando la pena sea notablemente excesiva atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.

La Sentencia dictada ha condenado a varias de las personas que acusaba y ha impuesto, al que ha considerado máximo responsable de los hechos objeto de enjuiciamiento, una pena de prisión de cuatro años por la comisión de cinco delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave y catorce delitos de lesiones cometidos también por imprudencia grave.

Desde la publicación de la Sentencia han sido muy numerosas las voces críticas que han clamado por entender injusto, por desproporcionadamente corto, el castigo impuesto a quien se ha considerado el principal responsable de los sucesos que han sido objeto de enjuiciamiento. Las redes sociales que, cada vez más, sirven de barómetro para conocer la opinión pública, han dado muestra de multitud de comentarios y opiniones que, en definitiva, han puesto de manifiesto la sensación de frustración e injusticia que se ha producido en la ciudadanía, por la desproporción que ha existido entre los hechos que han sido objeto de condena y la pena impuesta a su máximo responsable.

 La pena impuesta en la Sentencia dictada ha sido la máxima que, en aplicación de las normas penales vigentes, se puede imponer, pero resulta popularmente palpable (y no olvidemos que la justicia emana del pueblo, artículo 117 de nuestra Constitución) que, por aplicación estricta de la Ley, se ha llegado a un resultado manifiestamente injusto.

Cuando se trata de la aplicación de la ley penal no cabe más que ser estricto pues, en otro caso, se vulneraría el principio de legalidad de los delitos y las penas (nulla poena sine lege). También es cierto que no se puede andar legislando “a golpe de telediario” como algunos ya han expresado, pero todo ello no obsta a que situaciones como la descrita (y como otras de características similares a esta, piénsese en el conductor que, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, atropella y mata a peatones o ciclistas) no causen estupor, impotencia y frustración en la opinión pública y que se perciba que, en ocasiones, matar, o causar lesiones graves, independientemente del elemento culpabilístico que concurra en su autor, resulta “muy barato”.

Por ello, aunque no se trata de propugnar que se debe legislar conforme se produzcan determinados sucesos más o menos mediáticos, si podría resultar adecuado acometer una pausada y convenientemente reflexionada revisión de la penalidad prevista para determinadas conductas, de tal modo que ese sentimiento de injusticia pueda, si no desaparecer, si, al menos,  atenuarse en la opinión pública que es de quien, en definitiva, debe emanar la justicia.