Los Acuerdos Extrajudiciales de Pago (AEPs), son mecanismos pre concursales que pretenden solventar una situación de insolvencia inminente o actual de un deudor, ya sea persona jurídica o persona natural (empresario o no empresario).

Son mecanismos que entran dentro de las ADR (Alternativas a la Resolución de Disputas), y que fueron introducidos en España a raíz de la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, por la que se pretendía unificar criterios en la Unión Europea bajo un Derecho de insolvencia común, así como mecanismos de reestructuración societaria para solventar situaciones críticas de insolvencia.

Los AEPs comienzan con una solicitud de inicio de expediente para el nombramiento de un mediador pre concursal, dirigiendo la solicitud al Registrador mercantil de su domicilio si fuera empresario o entidad inscribible, a las Cámaras oficiales de Comercio, industria, servicios y navegación cuando éstas hayan asumido funciones de mediación (Personas jurídicas o personas naturales empresarios), o al Notario en los demás casos. La solicitud se realiza mediante formulario normalizado que entró en vigor el 18 de enero de 2016.

Este mediador pre concursal realizará distintas funciones, entre ellas impulsará llegar a acuerdos de pago con el resto de acreedores, comprobará y verificará la composición del pasivo, convocará a los deudores y acreedores y supervisará el cumplimiento del acuerdo.

Si no se alcanzara un acuerdo, o el mismo se incumpliera, este mediador pre concursal deberá solicitar el concurso consecutivo, convirtiéndose en administrador concursal, y que, para el caso de que el deudor fuera persona natural no empresario, este concurso comenzará directamente en fase de liquidación.

Con el inicio de este expediente para alcanzar un AEP, se suspenderá el devengo de intereses y se prohibirán el inicio de nuevas ejecuciones, paralizando las que se mantuvieran en curso. Este mecanismo goza de la protección que otorga el artículo 5 bis de la Ley concursal en el que nos referimos en otro artículo de este blog.

El contenido del acuerdo puede contener quitas sin límite cuantitativo, esperas hasta un máximo de 10 años, e incluso se establece un efecto arrastre para otros acreedores siempre que se cumplan una serie de requisitos que establece la Ley Concursal.

En definitiva, en este mecanismo, aunque introduce importantes novedades y da un paso hacia delante para la llamada segunda oportunidad del deudor, aún existen incertidumbre en cuanto a su efectiva aplicación, considerando que no es efectiva para PYMEs, y en cuanto a personas naturales, la misma se convierte en obligatoria si el deudor pretende posteriormente acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, mecanismo del que hablaremos en próximos artículos.