En los procedimientos civiles de reclamación de cantidad, piénsese en un simple procedimiento monitorio, los acreedores se encuentran, muy a menudo, con una dificultad añadida que agrava la situación en que se encuentran, la pasiva, pero pertinaz, oposición del deudor al que se le reclama.

El hecho de tener que reclamar judicialmente una cantidad que es debida entraña siempre inconvenientes, molestias y gastos para todo acreedor.

Es cierto que, para intentar minimizar esos gastos se introdujo en nuestra legislación procesal civil el procedimiento monitorio, que posibilita a los acreedores reclamar el importe de sus créditos, si están documentados en facturas, albaranes u otro soporte documental de los que habitualmente se utilizan en el tráfico mercantil o civil, sin necesidad de postulación. Pero también es verdad, que esa medida de “abaratamiento de costes” para el acreedor no resulta del todo real, ni efectiva, pues si el deudor reclamado mediante una petición inicial de procedimiento monitorio, ni paga, ni se opone a la reclamación, el procedimiento se archiva y, para que el acreedor pueda instar la ejecución derivada de haber presentado esa petición inicial de procedimiento monitorio, si es necesaria la intervención de procurador y letrado, con el incremento de costes correspondiente.

Por tanto, reclamar una cantidad adeudada entraña, siempre, molestias y, la mayor parte de las veces, también gastos. Pero, además de esas molestias y gastos, la reclamación puede convertirse en una eterna “persecución de sombras” si el deudor reclamado, en los casos de dudosa solvencia, adopta la táctica de rehuir toda notificación y de hacer caso omiso a las notificaciones y requerimientos que le pueda hacer el Juzgado.

En casos así, en las demandas de ejecución de las cantidades reclamadas se suele (se debe) pedir, además de la correspondiente investigación patrimonial sobre los bienes del deudor, que por el Juzgado se le requiera, con el apercibimiento de la imposición de multas coercitivas (que no tienen casi ninguna incidencia), para que presente ante el Juzgado requirente lista de bienes de los que sea titular para poder cubrir los importes que se le están reclamando. Si la táctica del deudor reclamado es la que hemos mencionado de “pertinaz pasividad”, ignorará el requerimiento y habremos malgastado energía y recursos públicos en dicho requerimiento para no obtener nada en absoluto.

Pues bien, tras la reforma del Código Penal, introducida por la L.O. 1/2015, se ha modificado el artículo 258 al que se ha dado la siguiente redacción:

  1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.
  1. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.
  2. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.

La introducción de la nueva redacción de este artículo en nuestro Código Penal, en particular su ordinal segundo, no va a mejorar, obviamente, la posibilidad de que el acreedor cobre su crédito si el deudor es insolvente, pero, desde luego, si puede ayudar a acabar con la táctica de la testaruda pasividad de la que algunos reclamados hacen gala y, en ciertos casos, introduciendo en la demanda de ejecución la petición de que el Juzgado haga el requerimiento al deudor de que presente la relación de sus bienes con apercibimiento de la comisión del tipo delictivo descrito, beneficiará, sin duda, que la reclamación formulada pueda terminar con más probabilidades de éxito que antes de que el Código Penal fuera modificado en los términos indicados.

Por ello entiendo que, sin ser estrictamente su finalidad, la reforma operada en el Código Penal en los términos expuestos supone, también, una medida de lucha contra la morosidad.