Los jueces y tribunales siguen avanzando en el proceso de garantizar los derechos de cobro de los proveedores y contratistas del Sector Público, la sentencia 355/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia, de 24 de noviembre de 2014, en idéntico sentido a como ya resolvió la tan traída sentencia 36/2013 de 15 de enero dictada por el Juzgado de lo Contencioso Uno de Murcia, ha reconocido que la renuncia que se impuso a los proveedores para acogerse a los Planes de Pagos es nula y ha de tenerse por no puesta, declarando no ajustado a derecho los preceptos de los Reales Decretos-Ley 4/2012 y 7/2012, regulatorios del mecanismos del plan de pago de proveedores en ámbito local y autonómico, respectivamente, concretamente en lo ateniente a la consecuencia prevista de renuncia de intereses de demora y costas procesales por la mera adhesión a dichos medios de cobro.

Estas sentencias encuentran fundamento en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 15/2010, y en Directivas 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000, así como la 2011/7/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que declaran nulas y sin efecto las cláusulas y las prácticas que obliguen a renunciar a los intereses de demora con la finalidad de ofrecer una ventaja al deudor a costa del acreedor.

Se ha insistido hasta la saciedad que esas cláusulas y prácticas son nulas de pleno derecho y se deben tener por no puestas. Incluso en los casos en que se ha flexibilizado la prohibición de pactar el tipo de interés de demora, se ha hecho únicamente para el sector privado, excluyendo expresamente al Sector Público de esa posibilidad (Disposición final 6ª de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre). Para, de esta manera, obligar a la Administración al abono de los intereses de demora de acuerdo con lo legalmente establecido.

Cierto es que también existen numerosas sentencias que se pronuncian en sentido contrario, desestimando los recursos interpuestos por algunos proveedores y contratistas que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores.

Actualmente, se encuentra sub iúdice, una cuestión prejudicial ante el TJUE (asunto C‐555/14) por la que se solicita que se declare si un Estado puede condicionar el cobro de una deuda por principal a la renuncia de los intereses de demora.

El Órgano jurisdiccional remitente de la decisión ha sido el Juzgado Contencioso-Administrativo Seis de Murcia, quien, teniendo en cuenta lo que disponen los arts. 4.1, 6 y 7.2 y 3 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, plantea las siguientes cuestiones:

1) ¿Debe interpretarse el art. 7.2 de la Directiva en el sentido de que un Estado miembro no puede condicionar el cobro de la deuda por principal a la renuncia de los intereses de demora?

2) ¿Debe interpretarse el art. 7.3 de la Directiva en el sentido de que un Estado miembro no puede condicionar el cobro de la deuda por principal a la renuncia de los costes de cobro?

3) En caso afirmativo de las dos preguntas, ¿puede el deudor, cuando éste es un poder adjudicador invocar la autonomía de la voluntad de las partes para eludir su obligación de pago de intereses de demora y costes de cobro?

Conforme al artículo 264 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 

Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado. 

Sin embargo, el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos. 

Por tal razón, y desde Torres Abogados, recomendamos a nuestros clientes la interrupción de la prescripción de los intereses de demora derivados de la adhesión a los Planes de Pago a Proveedores que tuvieron lugar, fundamentalmente, durante 2012 y principios del 2013, pues se ha de recordar que las empresas disponen de un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar a la Administración, de modo que, transcurrido éste, devendrá la pérdida de la acción.

Para la elaboración de dichos escritos pueden acudir a nuestra página web en la que en el área de acceso de identificado podrán encontrar modelos con las distintas solicitudes, tanto relativa al PPP de Entidades Locales (Real Decreto-Ley 4/2012) como a los acordados por Comunidades Autónomas (Real Decreto-Ley 7/2012). Dichos escrito debería presentarse antes del transcurso de cuatro años desde los cobros de las certificaciones u otros derechos afectados.

Recomendando a todo aquel que se acogiese a estos mecanismos de pago, interrumpa la prescripción -“ad cautelam” de lo que pueda resolver el TJUE- para preservar el derecho a los intereses de demora de los créditos cobrados a través de estos medios.