El pasado martes saltó la noticia de la detención de Ernesto Colman, presidente de Vitaldent, y de 12 directivos de la empresa, entre los que destacan Bartolomé Conte, Vicepresidente de la empresa, Nicolás Sissini, abogado y testaferro del propio Colman, Yolanda Copete, Directora de Vitaldent, y los hermanos Arteaga, franquiciados que poseen 22 clínicas de la marca.

La presunta trama orquestada por el Sr. Colman consistía en ganarse la confianza de sus franquiciados para, posteriormente, proponerles el pago de cánones por la franquicia en dinero negro. Esta propuesta fue rehusada por algunos de los franquiciados y ello supuso la denuncia por mismo de esta trama.

Tras la primera sesión de interrogatorios por el Juzgado de Instrucción dos de Majadahonda, la jueza instructora impuso la prisión incondicional sin fianza de cuatro de los principales cabecillas de la trama.

¿Cómo afecta esta investigación a los consumidores?

Desde que se conoció la noticia de la detención del presidente de Vitaldent ha cundido el pánico entre los usuarios de la franquicia, siendo numerosas las llamadas recibidas por distintas asociaciones de consumidores y usuarios, los distintos colegios de odontólogos de España y el servicio de atención al cliente de la propia marca.

Los representantes de Vitaldent realizaron un comunicado el 17 de febrero pasado, asegurando que ningún establecimiento corría riesgo de clausura inminente y que seguirían prestando su atención al público de manera normalizada, pero ¿qué consecuencias puede tener para los clientes esta trama?

La primera premisa que debemos poner de manifiesto es que si Ud. se encuentra en fase de contratación con una clínica Vitaldent no realice ningún pago por adelantado, sino que vaya realizando los pagos a medida que se vaya realizando el tratamiento.

Para los clientes que se encuentren en fase del desarrollo del contrato, debemos distinguir entre los clientes que contrataron sus servicios con clínicas que constituyen una franquicia de Vitaldent y aquellos que tiene contratados los servicios con clínicas propias, que actualmente se cifran en unas 130.

Los primeros, clientes de clínicas franquiciadas, pueden estar algo más tranquilos respecto a la continuidad de su tratamiento, pues la propia franquicia es la responsable del cumplimiento de las obligaciones del contrato celebrado con el cliente, ya que el contrato de franquicia mantiene la independencia económica y jurídica entre la empresa matriz y la franquiciada.

Los segundos, clientes de clínicas propias, deberán prestar mayor atención al trascurso del procedimiento judicial ya que si, en algún momento del proceso se comprometiera la viabilidad de los establecimientos propios de la marca los clientes pueden ver afectados la continuación de los tratamientos ya contratados.

¿Qué ocurre si yo he financiado mi tratamiento?

Otra de las preocupaciones de los clientes de Vitaldent va referida a la financiación de los tratamientos contratados. En este caso, es importante determinar si el paciente ha concertado su crédito con una entidad ajena a la empresa o por el contrario posee una financiación vinculada, es decir financió el contrato con la financiera ofrecida por la propia marca.

El cliente que ha optado por financiar la operación con la entidad crediticia ofrecida por la clínica podrá suspender, dependiendo del caso, el pago del tratamiento. Para ello, será preciso determinar  si cabe una resolución del contrato principal, es decir, si podemos optar por la resolución del contrato del tratamiento dental.  En ese caso los pasos que debe seguir el cliente son los siguientes:

1.- Notificar de manera fehaciente a la clínica la causa de la resolución contractual.
2.- Comunicar a la financiera la causa de la resolución contractual del contrato principal, instando a la misma a que dé por finalizado el contrato de financiación y la consecuente suspensión del pago de las cuotas.

Hasta el momento no existe ningún caso de cierre inmediato de ninguna de las clínicas, prestando, hasta el momento, los servicios con normalidad, por ello habrá que estar al trascurso de los acontecimientos para determinar las consecuencias que el proceso judicial pueda afectar a los usuarios de la marca.