En determinadas situaciones es posible que tanto al empresario como al trabajador le resulte mucho más ventajoso trabajar sin declarar la relación laboral (conocido como trabajar en negro y sin dar de alta) lo que permite al trabajador continuar cobrando el paro u otra prestación no compatible con realizar un trabajo, que hacer las cosas correctamente y cotizar y tributar como es debido. Hemos de decir que dicha acción, aunque parezca beneficiosa para ambos, no es más que un agujero de inconvenientes.

Si eres trabajador, estarás perdiendo días de cotización para recibir la prestación por desempleo y las posibles prestaciones de invalidez y jubilación.

En el caso de que el empresario quiera o tenga que cesar su relación laboral con el trabajador, al no tener nómina ni estar dado de alta en la Seguridad Social, va a resultar difícil que éste último reciba su correspondiente indemnización por despido, pues  no se puede acreditar de forma alguna la existencia de dicha relación.

Asimismo, esta situación es perjudicial si el trabajador sufre un accidente laboral y necesite darse de baja, ya que será imposible cobrar el subsidio correspondiente, e igualmente es posible que el empresario tampoco quiera hacerse cargo del salario de los días que tenga  que dejar de ir al trabajo.

Otro de los inconvenientes es que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pase por su centro para realizar una inspección y al observar al trabajador entenderá que está cobrando el paro de forma indebida, procediendo a reclamarle lo cobrado hasta la fecha para que se lo reintegre, ello sin perjuicio de que pueda iniciar un procedimiento sancionador frente a ambos (empresario y trabajador).

Teniendo en cuenta que este tipo de actuaciones están a la orden del día, han provocado que en los últimos años se haya establecido un sistema de lucha contra el fraude a la Seguridad Social en el que se han incrementado las sanciones administrativas, y se han establecido penas de cárcel para los defraudadores.

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece en su artículo 40 multas que van desde los 60 euros hasta los 187.515 euros, en función de la gravedad de la infracción, además de la pérdida de ayudas, bonificaciones y otros beneficios durante un plazo de hasta dos años.

Además de este tipo de sanciones, cabe destacar la introducción en el Código Penal en el año 2013 del Delito por fraude a la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 que afecta también a los trabajadores. Además, como novedad, no establece un importe mínimo a partir del cual se cumple el tipo penal, ello significa que por muy pequeña que sea la cantidad defraudada se estará cometiendo un delito.

En este artículo se recogen penas de prisión tanto para empresarios como trabajadores, puntualizando que para fraudes menos graves las penas oscilan entre los 6 meses y los 3 años (Artículo 307 ter), y para los más graves de 2 a 6 años de prisión (Artículo 307 bis).

No obstante, y según cita el texto, “en los casos que no revistan especial gravedad”, y teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor del delito y de los medios empleados, la sanción se fijará en la obligación de abonar hasta seis veces la cantidad defraudada. Además, el infractor quedará inhabilitado para recibir cualquier prestación o incentivo fiscal durante un periodo que oscilará de los tres a los seis años.

Por supuesto, la anterior sanción administrativa de hasta 10.000 euros con la que se penaba al empresario sigue manteniéndose, habiéndose sumado a ésta los nuevos castigos.

Como vemos, existen muchas sanciones y algunas de ellas de carácter represivo a las que deberíamos tener cierto temor, pero la verdad es que “trabajar en negro” es una modalidad muy común en España y uno de los grandes problemas a los que tiene que hacer frente la economía de este país. Reflejo de ello es la economía sumergida que en el pasado año supuso casi un 20% del PIB anual en España, y aunque es real que nos encontramos ante una difícil situación económica, defraudar al Estado, supone la agravación de la crisis económica, provocando reducciones presupuestarias en partidas de bienestar social como sanidad o educación. Es más, esto incide en la desigualdad entre los ciudadanos al hacerse cargo solo unos pocos de las obligaciones de la mayoría de los trabajadores, cuando en realidad TODOS debemos hacer frente a ello.