El 2015 ha sido un año cargado de novedades en nuestro ordenamiento jurídico aprobándose numerosas reformas legislativas. En materia penal han sido muchas y muy notables estas reformas, por lo que a continuación intentaremos resumirlas brevemente.

Derecho sustantivo:

Dos son las normas que han reformado el Código Penal, entrando en vigor el 1 de julio de 2015.

  1. Introducción de la prisión permanente revisable.
  2. Desaparición de las faltas y transformación parcial en la nueva categoría del delito leve.
  3. Concreción del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  4. Introducción de nuevos tipos delictivos como son los delitos de matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con el consentimiento de la persona afectada.

Materia de Violencia de género:

Materia Procesal:

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido la que ha sufrido más cambios a lo largo del año:

  1. Se establece la legitimación de las asociaciones de víctimas y de las personas jurídicas para defender los derechos de las víctimas.
  2. Se modifica el modo de declarar de los testigos víctimas y de los menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada.
  3. Se establece la obligatoriedad de que el juez se pronuncie sobre la pertinencia de la adopción de medidas civiles contenidas en una orden de protección en los supuestos de violencia de doméstica cuando existan menores o discapacitados que convivan con la víctima y dependan de ella.
  • Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, sobre el derecho a interpretación y a traducción, y el derecho a la información en los procesos penales, que entró en vigor el 28 de mayo y el 28 de octubre, y que, aparte de regular los mencionados derechos, reconoce que el abogado del investigado tenga, en todo caso, acceso al atestado, para impugnar la privación de libertad del investigado.
  • Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, que entró en vigor el 1 de noviembre y el 6 de diciembre:
  1. Recoge cambios fundamentales para la labor del abogado como la entrevista reservada con el investigado, incluso antes de prestar declaración ante la policía, y el plazo de 3 horas de que dispone el abogado para acudir a las dependencias policiales para asistir al detenido.
  2. Regularización pormenorizada de cómo deben realizarse las medidas de investigación tecnológicas.
  3. Cambio en el lenguaje procesal: será “investigado” y no “imputado” la persona sometida a investigación por su relación con un delito, y se designará “encausado” a aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto.
  • Ley Orgánica 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que entró en vigor el 6 de diciembre:
  1. Establece nuevos plazos de instrucción penal: los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.
  2. Regula el nuevo proceso por aceptación de decreto, más conocido como el nuevo monitorio penal.
  3. El proceso de decomiso autónomo, que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.
  4. Modificación del sistema de recursos: por fin se regula el derecho a la segunda instancia penal, generalizando el recurso de apelación a todas las sentencias y reformando el recurso de casación.