En 2005, el Gobierno español puso en marcha un protocolo especial de seguridad para prevenir la amenaza terrorista en nuestro país. Este fue el primer Plan de Protección y Prevención Antiterrorista que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, publicaba con ocasión de los atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004.

El Plan de Protección y Prevención Antiterrorista, aunque se ha visto modificado en los últimos años,  consiste en analizar y evaluar el riesgo de atentado terrorista que hay en el país en cada momento, y establecer las medidas de seguridad con el objetivo de evitar que se produzca el atentado.

La evaluación del riesgo se realiza a través del Nivel de Alerta Antiterrorista, que consiste en una escala de niveles en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada momento. La amenaza se valorará en función de la intención, la capacidad y la probabilidad de comisión de un atentado terrorista. También se tendrá en cuenta la vulnerabilidad de los potenciales objetivos de ataque y su posible impacto o repercusión.

La clasificación prevista en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de activación asociados a un determinado nivel de riesgo: el Nivel 1 corresponde a riesgo bajo, el Nivel 2 a riesgo moderado, el Nivel 3 a riesgo medio, el Nivel 4 a riesgo alto y el Nivel 5 a riesgo muy alto. Cada nivel, con dos grados de intensidad, lleva aparejada la inmediata puesta en marcha de un grupo de medidas específicas adaptadas a la naturaleza de la amenaza.

Es el Secretario de Estado de Seguridad el encargado de establecer la activación de cada uno de los niveles, determinando el Director General de la Policía, el grado de intensidad.

En junio de 2015, España activó el nivel 4 de alerta terrorista tras los atentados yihadistas perpetrados en Francia, Túnez y Kuwait. El catálogo de medidas de seguridad que se impusieron entonces supuso reforzar los dispositivos de seguridad en la vigilancia de objetivos susceptibles e infraestructuras críticas, que son lugares como estaciones, aeropuertos, espectáculos con gran afluencia de público, centrales nucleares, eléctricas, químicas o plantas de distribución de agua, así como incrementar la presencia de los agentes de los Cuerpos de Seguridad en las calles. Sin embargo, la clave de este nivel es la activación de todas las tareas de investigación y prevención antiterrorista.

Con los atentados de París del pasado viernes 13 de noviembre, el presidente François Hollande declaró el estado de emergencia en Francia y cierre de fronteras. La legislación francesa permite declararlo en casos de “riesgo inminente como resultado de daños graves al orden público”.

La declaración de estado de emergencia, dependiendo de la legislación de cada país,  permite a las fuerzas del orden restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos en aras de la seguridad del Estado. En concreto, el Estado francés ha establecido medidas como restringir la circulación de vehículos y personas, ordenar registros en domicilios sin necesidad de orden judicial, decretar arrestos domiciliarios a personas “cuya actividad resulte peligrosa para la seguridad y el orden público” e instaurar “medidas para asegurar el control de la prensa”. También se han suspendido los espectáculos públicos y se han cerrado los museos, centros escolares, bibliotecas, gimnasios y piscinas. En principio, el estado de emergencia era de 12 días de duración desde que se decretase el viernes 13 de noviembre. Sin embargo,  el Parlamento francés adoptó el pasado viernes 20 definitivamente el refuerzo y la prolongación del estado de emergencia durante tres meses, hasta el 26 de febrero.

Tras la masacre ocurrida en la capital parisina hace unos días y la consecuente declaración de estado de emergencia en Francia, Bélgica se ha unido recientemente a la medida por considerar existente una amenaza “seria e inminente”, decretando igualmente el estado de emergencia, llegando incluso a cerrar el metro de Bruselas.

En España, la semana pasada se reunió la Comisión de Evaluación de la Amenaza, dependiente del Ministerio de Interior, para estudiar la necesidad de elevar el Nivel de Alerta Antiterrorista. Esta Comisión, dirigida por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a la que asisten los máximos responsables de los servicios antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CNI, CITCO, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Guardia Civil), decidió mantener de momento el nivel 4, reforzando las tareas de vigilancia e información de personas sospechosas de terrorismo.

Esta decisión ha recibido críticas por parte de algunas asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, viendo la respuesta del país vecino y de Bruselas, ven insuficientes las medidas establecidas en España. Por eso, piden reforzar la seguridad hasta el nivel 5, el máximo. Éste es el nivel de alerta máxima contemplado en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, para situaciones en las que el riesgo de atentado es inminente. Permite al Ejecutivo solicitar la presencia militar en las calles, así como reforzar con soldados las infraestructuras que se consideren «objetivos estratégicos». Además, se puede restringir el espacio aéreo.