De entre las múltiples reformas normativas que el final de esta legislatura nos está deparando, la Ley 41/2015 de 5 de octubre, que modifica a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que entrará en vigor el próximo día 6 de diciembre, pretende agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales.

El referido texto legislativo, trata de abordar el problema de la pavorosa lentitud de la justicia penal (atorada por una infinidad de procesos que se afrontan con escasos medios materiales y humanos), recogiendo diversas medidas correctoras con las que se pretende dar más dinamismo y rapidez a las causas de escasa gravedad.

De entre estas medidas, la más sonada y por tanto la que más repercusión ha tenido, ha sido el establecimiento de unos límites temporales para la fase de instrucción del proceso penal que se pretenden en el expositivo de motivos “infranqueables”, y así, para el sumario en el procedimiento ordinario o las diligencias previas en el procedimiento abreviado, se han fijado unos plazos ordinarios de entre seis y dieciocho meses –prorrogables por otro plazo similar- respectivamente, según que el asunto a tratar sea sencillo o complejo, plazos que el preámbulo no duda en calificar de fiables, justificando tan optimista consideración en los estudios estadísticos judiciales y fiscales que se han llevado a cabo previamente. (Sin duda alguna, la garantía real de estos plazos está en la cláusula de cierre de la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya prevé que “en ningún caso, el mero trascurso de los plazos máximos fijados en este artículo, dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las causas que legalmente determinan el sobreseimiento libre o provisional de la causa”).

Menos ruido ha provocado la introducción del nuevo “proceso por aceptación de decreto” -recogido en el Título III bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 803 bis apartados a) a j)- que el propio preámbulo de la Ley 41/2015 de 5 de octubre califica como “proceso monitorio penal”, quizás porque, presentado como un proceso sumamente sencillo y rápido, sí que puede servir para solventar algunos de los problemas abordados por la ley.

Su antecesor, el procedimiento monitorio civil, ha conferido a nuestro ordenamiento una respuesta relativamente sencilla en conflictos judiciales en los que se pretende reclamar el pago de deudas dinerarias, líquidas, vencidas y exigibles, acreditadas mediante documentos que habitualmente sirven para documentar un crédito, consiguiendo agilizar el cobro -siempre que no se produzca oposición por el deudor o que el mismo resulte solvente- representándose como un método de suma utilidad en el seno de las operaciones comerciales o incluso de la vida de las comunidades de propietarios, grandes beneficiadas por este proceso.

En el plano penal, la versión del proceso monitorio, denominado “proceso por aceptación de decreto”, pretende cumplir una función similar y dar  también una rápida y ágil respuesta al enjuiciamiento de determinados delitos de escasa gravedad (el tipo básico del delito contra la seguridad vial entre otros), con independencia del procedimiento que les corresponda, y en los que concurre la circunstancia de que no existe personada acusación particular o popular, por lo que la función acusatoria queda reducida a la intervención del Ministerio Fiscal, que se convierte en protagonista indiscutible de este proceso.

La dinámica del proceso por aplicación de decreto se plantea sencilla, ya que el Ministerio Fiscal, cuando se cumplan los requisitos objetivos y subjetivos previstos para ello, realizará una propuesta sancionadora, llamada “decreto de propuesta de imposición de pena”, que podrá convertirse en sentencia firme siempre que el encausado muestre su conformidad con ello, conformidad que deberá manifestarse bajo asistencia letrada -exigencia ineludible de este proceso en aras a una efectiva garantía del derecho a la tutela judicial efectiva del mismo-.

La aplicación de este proceso por aceptación de decreto, procede en cualquier momento desde que da inicio la fase de instructora y hasta su finalización, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado.

Para que pueda seguirse este proceso, como ya adelantábamos, y como requisito cumulativo a los dos siguientes, no estará personada acusación particular ni popular en la causa. 

A esta premisa se sumará la exigencia de que los delitos que se investiguen estén castigados con pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año que además deberá poder ser suspendida conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal (que se haya delinquido por primera vez, o -tras la reforma operada en el Código Penal por la L.O. 1/2015 de 30 de marzo- que haya una carencia de antecedentes penales relevantes, junto con el resarcimiento de la responsabilidad civil), con o sin privación del derecho a conducir vehículo a motor o ciclomotores.

Además, y como última condición, el Ministerio Fiscal debe entender que la pena en concreto que será de aplicación, será la de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, tres únicas penas estas que por tanto, determinarán la posibilidad de aplicación de este proceso.

Concurriendo tales extremos, el Ministerio Fiscal emitirá decreto de propuesta de imposición de pena, que contendrá:

– La identidad del investigado.
– Una descripción del hecho que se está investigando.
– La identificación del delito cometido y una mención sucinta a la prueba existente.
– Una breve exposición de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena de prisión debe ser sustituida.
– La pena propuesta, que como indicábamos podrá implicar la imposición de una pena de multa, de trabajos en beneficio de la comunidad, o, en su caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores, y, he aquí lo más importante, reducida hasta en un tercio respecto de la legamente prevista, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite previsto en el Código Penal.
– Por último contendrá, en su caso, peticiones de restitución o indemnización.

Una vez el Ministerio Fiscal emita el decreto, este se remitirá al Juzgado de instrucción, que será el encargado de autorizarlo y de notificarlo al investigado mediante auto, siempre que se cumplan los tres requisitos a los que hacíamos alusión anteriormente, contenidos en el artículo 803 bis a), pues en caso de no cumplirse, el Juzgado dejará sin efecto el decreto, sin que ello implique que el Fiscal se encuentre vinculado por su contenido, prosiguiendo la causa por los cauces pertinentes.

Autorizado por el Juez el decreto, el auto que lo refrende se notificará al encausado, citándole para que comparezca, e informándole tanto de la finalidad de la comparecencia, como de la necesidad de que a la misma acuda acompañado de letrado, pues en caso contrario la comparecencia no podrá celebrarse, indicándosele que, si no tiene designado letrado en la causa, deberá acudir acompañado de letrado de su confianza o solicitar que le sea nombrado abogado de oficio, concediéndosele un término a tales efectos de cinco días hábiles antes de la fecha para la que esté señalada la comparecencia.

También se le informará de cuáles son las consecuencias de su incomparecencia, y de su derecho tanto a aceptar como a rechazar la propuesta que contiene el decreto.

Notificado el auto de autorización, caben distintas soluciones:

  • Tanto si el encausado no comparece, como si, compareciendo, se rechaza total o parcialmente la propuesta de imposición de pena contenida en el decreto, las consecuencias no son otras que dejar la misma sin efecto, en cuyo caso seguirá el proceso su curso sin que el Ministerio Fiscal se encuentre vinculado por el contenido del decreto.
  • Si compareciere, y a pesar de haber sido informado de la necesidad de que lo haga asistido por letrado, lo hiciere sin tal compañía, se suspenderá la comparecencia y se señalará nueva fecha para la misma, garantizándose así la preceptiva asistencia letrada.
  • Por último, en caso de que comparezca debidamente asistido de letrado, el Juez debe asegurarse de que ha comprendido el significado del decreto, y por tanto comprende que le será impuesta la pena que se ha propuesto y los efectos de su aceptación, debiendo ser registrada la comparecencia de manera íntegra por medios audiovisuales.

Si, hechas estas advertencias, el encausado decide aceptar la propuesta de pena en la comparecencia, el Juez de Instrucción convertirá la misma es sentencia condenatoria, contra la que no cabe interponer recurso alguno.

Solo cuando se ponga en práctica este procedimiento por aceptación de decreto, se podrá valorar si el mismo resulta tan útil como lo ha sido el proceso monitorio en el ámbito civil, pero examinado su objeto, la dinámica de su configuración y el resultado perseguido, sí que cabe vaticinar una mejor y más rápida solución para hechos penales que, por su escasa gravedad, no precisan de un complejo proceso penal, que hasta ahora solo ha servido para agudizar la problemática con que se encuentran los ciudadanos, los órganos judiciales, y profesionales del derecho afectados por los mismos.