Como ya se ha mencionado en otros artículos publicados en este Blog, las sociedades de capital deben disolverse, entre otros motivos,  “Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social (…)”, como así cita el apartado e) del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC.

Sin embargo, la concurrencia de esta causa de disolución no implica necesariamente que la sociedad deba instar el llamado concurso de acreedores, toda vez que la sociedad incurra en causa legal de disolución por pérdidas que deje reducido su patrimonio neto hasta la mitad del capital social no implica de por sí que se encuentre en situación de insolvencia.

Y es que la situación de insolvencia que proclama el artículo 2.2 de la Ley Concursal, “Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”, no puede confundirse con la situación de pérdidas que implica el deber de los administradores de realizar aquellas actuaciones que mencionan el artículo 365 de la LSC, esto es, tomar las medidas oportunas para la remoción de la causa, o instar la disolución de la sociedad, invocando la responsabilidad de los administradores en caso del incumplimiento de dicho deber.

Es por ello que la insolvencia no podemos identificarla con las pérdidas agravadas, puesto que a pesar de estar en la causa de disolución mencionada, el deudor puede estar cumpliendo regularmente con sus obligaciones exigibles, no siendo por tanto obligatorio la solicitud de concurso de acreedores al no encontrarse en situación de insolvencia actual.

Todo ello tiene a su vez implicaciones en el concurso de acreedores, puesto que una confusión de tales términos puede llevar a una calificación culpable del concurso al entender que no se solicitó el concurso voluntario dentro del plazo de dos meses que establece el artículo 5.1 de la Ley Concursal, puesto que estar en causa de disolución por pérdidas puede no implicar deber de instar el concurso de acreedores y viceversa. Cuenta de ello cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2014.

De esta forma, aunque normalmente estar incurso en causa de disolución por pérdidas implica el deber de solicitar el concurso de acreedores al solaparse con la insolvencia o el incumplimiento regular de las obligaciones exigibles, no puede aplicarse de manera generalizada, debiendo estar al caso concreto y requiriendo la intervención de un profesional para adoptar la decisión más adecuada para el porvenir de la sociedad.