El pasado mes de septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

Esta ley supone una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial introduciendo un nuevo artículo 235 ter que va a reconocer el carácter público del acceso a la información que contiene el fallo de las sentencias condenatorias firmas cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes preceptos:

  • Artículos: 305, 305 bis y 306 (Delitos contra la Hacienda Pública)
  • Artículos: 257 y 258 cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pública (Frustración en la ejecución)
  • Artículo 2 (Delito de contrabando) de la Ley Orgánica 12/19958, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pública estatal o de la Unión Europea.

Adicionalmente, se introduce una excepción a la publicidad del acceso a la información en los casos en que se haya satisfecho con anterioridad a la firmeza de la sentencia la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos.

En el preámbulo de esta nueva Ley se aduce a los principios veladores de las actuaciones de todos los poderes públicos, en concreto el principio de publicidad y de transparencia judicial, en contraposición a los derechos como el honor o a la intimidad. Del mismo modo, se valora que el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos entre en conflicto con el derecho del conjunto de la sociedad a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De la ponderación que el legislador realiza dentro del contexto de los delitos relacionados con la defraudación fiscal, llega a la conclusión de que, “frente al interés del condenado, se alza el interés público”.

El precedente de hacer público este tipo de información lo crea la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que introduce una importante excepción al principio general de reserva tributaria, cuando regula la posibilidad de publicar la identidad de quienes causan un mayor perjuicio económico a la Hacienda Pública. Por esto, explica el legislador que “resultaría incoherente” publicar la identidad de aquéllos que no han cumplido con sus obligaciones tributarias, y sin embargo, se desconociera la de aquéllos que han sido condenados por delitos de esta naturaleza, y su sentencia es firme.

Esta ley entrará en vigor el próximo mes de noviembre, y se publicará la información contenida en las sentencias condenatorias que se dicten a partir del día 11 de noviembre.

Habrá que ver si, en medio de esta tormenta de delincuencia económica y corrupción que sufre nuestra sociedad, la publicidad se convierte en un elemento disuasorio realmente eficaz para prevenir la comisión de este tipo de delitos.