Una de las situaciones que se puede plantear cuando se inicia un expediente administrativo sancionador por cualquier Administración Pública, es la posibilidad de que el mismo termine mediante Resolución que declare la caducidad del mismo. Y, esa caducidad, puede venir determinada por la propia inactividad de la Administración, que deje trascurrir el plazo legalmente establecido para la terminación del procedimiento.

Conforme establece el artículo 42 de la Ley 30/92, la Administración tiene la obligación de resolver en plazo los expedientes, y, también establece este mismo cuerpo legal, que en caso de que trascurra el plazo máximo legalmente establecido para resolver y notificar en un procedimiento sancionador, y por causa imputable a esta Administración, se produce ex lege, la caducidad del procedimiento. Sin embargo, esta caducidad, no produce la prescripción de las acciones, por lo que puede darse la circunstancia de que, iniciado un procedimiento sancionador, y notificada su incoación, presentemos alegaciones a dicho inicio y propongamos prueba en plazo; que lo siguiente que recibamos, posiblemente, sea la propuesta de resolución, en la que se nos deniegue la prueba; formulemos alegaciones a esa propuesta de resolución, y, que trascurra el plazo de seis meses legalmente establecido para terminar el procedimiento sancionador, se haya paralizado la actividad administrativa, y no tengamos resolución expresa.

Es entonces cuando, haciendo uso de las prerrogativas que legalmente tiene concedidas la Administración, se acuerde el inicio de un nuevo expediente sancionador por los mismos hechos, contra la misma persona, situación muy frecuente en la práctica administrativa habitual.

Y, también es habitual que, en el mismo acto administrativo, se acuerde la declaración de caducidad, sin hacer mención expresa o acordar el archivo, y el inicio de un nuevo expediente sancionador, acto que, en estas condiciones, pudiera estar viciado de nulidad, y ello, porque se ha resuelto en un mismo acto, la caducidad y la reapertura del nuevo expediente sancionador.

El art. 75.1 de la Ley 30/92, indica que se podrán acordar en un solo acto, tan sólo los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. La declaración de caducidad, es un acto administrativo singular, de carácter obligatorio, por el que termina el procedimiento sancionador, y contra el que caben los recursos pertinentes, por lo que debe adoptar la forma de Resolución, en los términos previstos en el artículo 89 de la misma Ley antes mencionada. A su vez, la decisión de reiniciar, o abrir, un nuevo procedimiento, sancionador, es otro acto administrativo sujeto a las formas y contenido del Real Decreto 1398/93, que regula específicamente las especialidades del procedimiento sancionador.

Por lo tanto, podemos entender que ambos actos no comparten la misma naturaleza jurídica, y, por lo tanto, no cabe su impulso simultáneo, por lo que no es procedente resolver en el mismo acto la caducidad del primer expediente y la reapertura de uno nuevo, ya que deben ser dos actos distintos, con resoluciones distintas, por lo que podríamos solicitar, y así debería declararse, la nulidad de pleno derecho de dicho acto conjunto, dejándola sin efectividad.

A su vez, podemos citar al respecto el contenido del artículo 44.2 de la Ley 30/92, que indica que la misma resolución que declare la caducidad, deberá ordenar el archivo de las actuaciones, siendo un requisito necesario para que se pueda reabrir un expediente nuevo por los mismos hechos:

“2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92”.

Además, en estos casos se da la circunstancia de que el reinicio del expediente se ha producido ya, incluso dentro del plazo que tiene el administrado para interponer recurso de alzada contra el acuerdo de caducidad y reinicio conjunto, sin ni siquiera dejar que la misma devenga firme, con el perjuicio que ello conlleva para el particular, pues no se están respetando en ningún momento ninguno de los derechos que le asisten para su defensa, recogidos en la Ley 30/92, y en la Constitución Española, pues puede darse la paradoja de que, se estime este recurso, y, el reiniciado sea nulo, habiéndose iniciado ya actuaciones en el mismo, que pudieran llevar a una resolución expresa, incluso antes de resolver el Recurso de Alzada.

Reiniciar el procedimiento, indefinidamente, hasta que prescriba la infracción, dejaría sin sentido la caducidad, como forma de terminación del proceso, como así tiene establecido en el artículo 87 de la Ley 30/92, máxime, cuando no se ha resuelto por causa imputable a la Administración, como en el supuesto que hemos descrito, en el que ha sido la Administración la que no ha resuelto en tiempo, habiendo cumplido el administrado con la presentación de los correspondientes escritos de alegaciones en los plazos previstos y concedidos para ello. Tras la presentación de alegaciones a la Propuesta de Resolución, no se terminó el procedimiento, y la siguiente actuación ha sido la declaración de caducidad y orden de reiniciar otro por los mismos hechos, además, en el mismo acto administrativo y sin declarar el archivo. Además, hemos de tener en cuenta que, la caducidad como forma de terminación del procedimiento, es un acto favorable al administrado, con el sentido que le otorga la exigencia constitucional (art. 103.1 CE), de actuar de manera eficaz y temporánea, cuyo incumplimiento, sanciona. Y para el administrado supone el derecho a que la Administración actúe enjuiciando y resolviendo dentro de plazo.