El 23 de septiembre de 2015 se publicó la Ley 35/2015, texto legislativo que reforma el sistema de valoración de los daños y perjuicios sufridos por las personas en accidentes de tráfico.

En esta ocasión vamos a poner de relieve los cambios y modificaciones más significativas introducidas por esta nueva ley. El espíritu de esta normativa se basa en incrementar la protección de las víctimas, estableciendo nuevos criterios de cuantificación de la indemnización que, en cada caso, corresponderá a la víctima por los perjuicios sufridos.

Esta normativa viene a incluir y modificar el articulado de la ley de responsabilidad civil y contrato de seguro, Real Decreto Legislativo 8/2004. Las novedades más significativas son las siguientes:

– Los menores de 14 años, así como, las personas que sufran un menoscabo psíquico, físico o sensorial, carecerán de responsabilidad civil en los supuestos de responsabilidad exclusiva por la víctima, en lesiones temporales y secuelas, excluyendo la acción de repetición contra sus progenitores, tutores y guardadores legales. Ello siempre y cuando el hecho no se haya producido dolosamente por la víctima o persona responsable de la misma.

– Será preceptiva, a la interposición de demanda judicial, reclamación previa a la aseguradora.

Dicha reclamación extrajudicial deberá de contener todos los datos identificativos de los reclamantes, así como del siniestro y toda la información médica, asistencial o pericial que permita la cuantificación del daño.

La aseguradora dispondrá de un plazo de 3 meses desde que se notifica la reclamación para realizar una oferta motivada al perjudicado. Si transcurrido dicho plazo no se ha emitido oferta motivada o la reclamación ha sido rechazada podrá iniciarse la vía judicial o intentar solucionar la controversia mediante un procedimiento de mediación.

– Este nuevo procedimiento de mediación, al que podrán acudir las partes, previa solicitud del perjudicado, teniendo para ello un plazo de dos meses desde que éste recibió la oferta motivada de la aseguradora o respuesta denegatoria motivada.

– Se introduce un nuevo sistema de valoración del daño, distinguiendo daños personales y daños patrimoniales.

  • Daños personales.

En los supuestos de fallecimiento se mejoran las indemnizaciones y se distingue entre perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento y gastos específicos (sepelio, traslado del fallecido, repatriación, etc.)

En los supuestos de secuelas o lesiones permanentes, se refuerzan las indemnizaciones al gran lesionado y se revisa el baremo médico de secuelas.

En los supuestos de lesiones temporales se distinguen dos conceptos: los gastos de asistencia sanitaria y gastos diversos resarcibles.

  • Daños patrimoniales.

Lucro cesante: Se incorpora como modificación, la valoración del trabajo no remunerado o la pérdida de capacidad de trabajo futuro en menores y estudiantes.

Perjuicios extrapatrimoniales o morales: Se contempla una reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y en relación con los perjuicios particulares que se amplían, creando cinco categorías de perjudicados: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados.

Estas modificaciones son, a rasgos generales, las más significativas, introducidas por la Ley 35/2015, que comenzarán a regir para todos aquellos accidentes de tráfico que se produzcan con posterioridad al 1 de enero de 2016.