Uno de los aspectos más importantes que debe de establecerse en el momento de la ruptura de la convivencia será quién se atribuye el uso de la vivienda familiar.

El artículo 96 del Código Civil establece la regla de atribución del uso del domicilio familiar en los supuestos en los que se atribuya una custodia monoparental, estableciendo la siguiente regla: “En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.”

Pero, ¿qué ocurre en los casos en los que se ha establecido una guarda y custodia compartida? Hasta el momento no existe regulación específica para este supuesto y uno de los mayores inconvenientes que plantea es las distintas variantes que dentro de este régimen se pueden establecer.

Sin embargo, sí que tenemos normativas autonómicas que regulan este aspecto tan importante como el Código Civil de Cataluña, ley 25/2010, en su artículo 233.20, el artículo 81 del DL 1/2011, de 21 de marzo del Gobierno de Aragón o el artículo 6 de la Ley 5/2011, de 1 de abril de la Generalitat Valenciana.

A falta de una normativa nacional que regule dicho aspecto, nuestro Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto cuáles son los factores que deberán ponderarse al momento de atribuir el uso de la vivienda a uno u otro cónyuge cuando el sistema establecido para la guarda y custodia de los hijos sea el de custodia compartida.

En una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de Octubre de 2014, se analizó un supuesto en el que se había establecido un régimen de custodia compartida entre ambos progenitores y se discutía a quién correspondía el uso de la vivienda familiar.

El Tribunal Supremo vino a establecer que los tribunales deben de realizar una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, fijando como base dos factores principales:

1.- El interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancias de los hijos con sus dos padres.

2.- Si la titularidad del domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero.

En la propia sentencia, el Tribunal Supremo deja abierta la posibilidad de imponer una limitación temporal en la atribución del uso de la vivienda y, por supuesto, que dicha fijación pueda ser modificada, en un ulterior proceso, siempre que exista una modificación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de fijar la medida.

Tendremos que seguir estando a la circunstancias del caso concreto para determinar qué progenitor tiene derecho a atribuirse el uso de la vivienda, pero al menos ya tenemos sentadas las pautas que los tribunales deberán de ir aplicando.