Este nuevo marco constituye la principal novedad que se ha introducido con el Real Decreto 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

El art. 71 bis de la Ley Concursal viene a establecer un régimen especial para acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor con uno o más acreedores, una vez llevada a cabo la comunicación de inicio de negociaciones que dan lugar a la apertura de la fase preconcursal.

Estos acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor en el seno del artículo 5 bis, siempre que cumplan los requisitos que la ley establece para ello, no podrán ser rescindibles por la administración concursal en caso de verse abocada, en el plazo de 4 meses, a su declaración voluntaria de concurso, declaración obligatoria en caso de mantenerse el presupuesto objetivo de insolvencia.

Lo que se ha intentado favorecer con esta medida es la apertura del crédito a las empresas que cuentan con una gran carga financiera pero que son viables desde el punto de vista operativo, al igual que garantizar y blindar el crédito otorgado por las entidades financieras, las cuales veían como una vez declarado el concurso, los acuerdos pactados eran objeto de acciones de rescisión por entenderse que perjudicaban la masa activa, lo que coartaba las expectativas de recibir o ampliar la financiación bancaria.

La disposición transitoria cuarta ha sido igualmente modificada, viniendo a desarrollar la homologación de los acuerdos de refinanciación que paraliza la hasta ahora posible acción de rescisión. Dicha homologación exige la mayoría simple del 51%, respecto a la totalidad de los acreedores de pasivo financiero siempre que reúnan ciertas características, excluyéndose los derivados de acreedores que tengan la consideración legal de persona especialmente relacionada con el deudor. De igual modo, se permiten las adhesiones al acuerdo de acreedores comerciales y la extensión de algunos de sus efectos al resto de los acreedores de pasivos financieros, a pesar de no haberse adherido al mismo.

Tras esta modificación legislativa vemos como se ha intentado ayudar a empresas que por diversas circunstancias se encuentran en situación de insolvencia inminente, blindando el crédito facilitado por entidades bancarias. Sin embargo, debemos pararnos y plantearnos la aplicación práctica del cambio normativo, porque en la realidad, son pocos los bancos que entran a refinanciar créditos con empresas cuyas cuentas anuales no se encuentran en una situación óptima, se garantice o no el crédito a efectos de concurso,  al igual que son excesivos, a nuestro parecer, los requisitos que la ley establece para evitar el ejercicio de la acción de rescisión y conseguir la homologación judicial.