Actualmente, ¿cuántos proveedores se quedan sin cobrar porque la empresa no puede pagar?, ¿cuántas son las veces que uno se embarca en el “apasionado” mundo judicial para reclamar una deuda a una empresa y no consigue nada?

En estos casos, cabe pensar las vías que la legislación habilita para hacer efectivo el cobro, debiendo visualizar la figura del administrador de la sociedad como posible responsable solidario de esos créditos que, en principio, se pueden considerar incobrables, apareciendo en escena su patrimonio personal como una posible vía para hacer efectivo el abono de la deuda.

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), unifica los deberes de los administradores societarios, equiparando las sociedades limitadas a las sociedades anónimas, siendo cuantiosas las obligaciones que de manera diligente se le encomiendan a los administradores, en el desarrollo del texto normativo. Más concretamente el artículo 225 señala, entre otros, el deber de diligencia, de lealtad y prohibición de competencia.

Atendiendo a la LSC podemos considerar dos, las vías de acción contra los administradores de hecho y de derecho, siempre y cuando se den los presupuestos para ello:

  1. Acción individual.- Este tipo de acción puede ser entablada por socio o tercero que hayan visto lesionados sus intereses por un acto doloso o culposo del administrador. Este tipo de responsabilidad subjetiva a efectos prácticos es más difícil de demostrar, ya que la carga de la prueba le corresponde al socio o tercero perjudicado y es éste el que debe demostrar la actuación administrativa dolosa, el resultado dañoso y el nexo causal que media entre ambas.
  2. Acción social.- Que hace referencia a la que puede interponer la sociedad contra el administrador y requiere el acuerdo de la Junta General. La interposición de la misma puede ser solicitada por socios que representen, al menos, el cinco por cierto del capital, y en defecto de socios y sociedad los acreedores podrán entablar esta acción, siempre y cuando no exista patrimonio societario suficiente para hacer frente a su derecho de crédito.

Sin embargo, a efectos prácticos, y de manera beneficiosa para los acreedores ante la situación actual, el legislador establece un deber fundamental que debe cumplir cualquier administrador, que no es otro que la obligación que éste tiene de convocar Junta General cuando concurre causa legal de disolución, causas que vienen enumeradas dentro del artículo 363 LSC.

La no convocatoria de esta Junta en el plazo legal de 2 meses, desde que se tuvo conocimiento o se pudo conocer la causa de disolución, crea una responsabilidad solidaria automática, respondiendo éste solidariamente con su patrimonio personal, por todas aquellas deudas acaecidas con carácter posterior. Además, la ley en este sentido beneficia al acreedor, estableciendo una presunción iuris tantum, por la que todas la deudas reclamadas por acreedores se considerarán de fecha posterior a la causa de disolución y será el administrador el que deberá probar que dichas deudas se contrajeron con carácter anterior.

Por tanto, en situaciones de crisis, los administradores han de ser cuidadosos, tanto en la llevanza de las cuentas de la empresa, como en el momento temporal en el que se encuentran, porque eso es lo que hará que deban de responder o no con sus bienes, abriendo la puerta al cobro a los acreedores sociales.